Tras la agresión que sufrió un escolar venezolano (11) en el interior del colegio Víctor Raúl Haya de la Torre N.º 5167, ubicado en Puente Piedra, la Defensoría del Pueblo demandó al Ministerio de Educación (Minedu) y a las unidades de gestión educativa local (UGEL) implementar “acciones que permitan prevenir e identificar hechos de violencia de manera temprana, en las instituciones educativas de todo el país”.
La entidad refirió que una de estas medidas es abordar la salud mental de las niñas, niños y adolescente, en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa).
El menor agredido en Puente Piedra sufrió un esguince cervical, derrame cerebral, afecciones que le causan fuertes dolores de cabeza, vómitos y desmayos, además de convulsiones. Este hecho evidenció una grave problemática.
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En ese sentido, la Oficina Defensorial de Lima Norte informó que viene supervisando las acciones dispuestas para “la atención integral de su salud y el cumplimiento de los protocolos para la prevención y atención de la violencia escolar”.
El niño violentado está hospitalizado en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña. El diagnóstico es trauma cervical y se encuentra estable. Además, el menor recibió su carnet de extranjería por parte de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Esto ha facilitado su afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) desde el 5 de mayo.
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Estela Lozano, jefa de la sede defensorial, aseguró: “Cuando se producen hechos de violencia en el entorno escolar, se deben implementar los protocolos del Ministerio de Educación y brindar una intervención integral a todas las personas que conforman la comunidad educativa, que incluye a estudiantes, docentes, además de madres y padres de familia”.
Lozano recalcó que los ministerios de Educación y Salud deben articular acciones para abordar la salud mental de los estudiantes, afectada también durante la pandemia de la COVID-19. El objetivo: prevenir casos de agresión o acoso escolar.
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La UGEL 4, que tiene a su cargo la institución educativa en la que sucedió la agresión, cuenta solo con 10 psicólogos para una población total de más de 100.000 estudiantes.
Ante esta realidad, Lozano apuntó que “es necesario que, desde los distintos niveles de gobierno, se gestione con urgencia la contratación de más especialistas para una adecuada atención de la salud mental en los diferentes espacios donde se encuentran niñas, niños y adolescentes”.