La Contraloría identificó un perjuicio económico de S/ 436.320 en la Dirección Regional de Salud (Diresa) Puno debido al pago de una bonificación extraordinaria COVID-19 a 180 trabajadores nombrados y contratados que efectuaron labores administrativas a pesar de que no les correspondía.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N°001-2022-2-0670-AC, cuyo periodo de evaluación es del 1 de mayo de 2020 al 28 de febrero de 2021, señala que de acuerdo Decreto de Urgencia N° 026-2020, modificado por el Decreto de Urgencia N° 053-2020, la bonificación está destinada a personal de salud que presta servicios efectivos de alerta y respuesta en el marco de la emergencia por el coronavirus.
El bono de S/ 720 estuvo dirigido a profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que prestan servicios en las unidades de cuidados intensivos, hospitalización o aquellos que realicen vigilancia epidemiológica, y los trabajadores que realizan visitas domiciliarias a los pacientes que reciben atención ambulatoria y personal administrativo que cumpla los criterios del decreto.
Entre los beneficiarios se encuentran nueve servidores nombrados y contratados bajo el Decreto Legislativo N° 276 y 42 bajo la modalidad CAS, entre los que resalta el extitular de la Diresa Puno, personal de las Oficinas de Recursos Humanos, Unidad de Remuneraciones y Presupuesto, Administración, Áreas de Abastecimiento, Tesorería, Contabilidad y Planeamiento.
Además, se identificó que se pagó a ocho trabajadores que están observados en el Registro Nacional del Personal de la Salud y 13 que tienen cargos directivos a pesar de estar excluidos expresamente por la normativa.
Los resultados de la Auditoría de Cumplimiento fueron notificados a la Diresa y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones respectivas.