Martínez: concesionarias de hidroeléctricas demandarán si se cae Majes Siguas II

Arequipa. El exgerente de Autodema, Isaac Martínez, opinó que la concesionaria de las hidroeléctricas de Lluta y Lluclla tendría razones para demandar al Estado en caso el proyecto Majes Siguas II sea cancelado. Vale recordar que las generadoras eléctricas debían usar el agua del proyecto de irrigación.

Martínez sostuvo que, al concesionar el proyecto de las hidroeléctricas, el Estado generó una expectativa de ganancia a la empresa Luz del Sur (Inland Energy); pero que, de no poder realizarse, se configuraría un engaño.

“(La concesionaria de las hidroeléctricas) va a hacer una controversia porque esto constituye una estafa, debido a que el Estado estaría concesionando algo que no es viable”, expresó Martínez, ante una eventual caída del proyecto Majes Siguas II.

Cómo se recuerda, la empresa Cobra, concesionaria del proyecto de irrigación Majes Siguas II, activó la carta de caducidad aduciendo incumplimientos del Estado (representado por el Gobierno Regional de Arequipa). De no realizarse este componente, no habría el recurso hídrico para la hidroeléctricas.

En entrevista con La República, el gerente de Inland Energy, señaló que estudian posibles medidas legales en caso se cancele Majes Siguas II, lo que afectaría a la generadora de Lluclla (Lluta todavía no tiene la concesión definitiva). Desde la firma energética estiman que el costo de daños y perjuicios superaría los 300 millones de dólares.

Según Martínez, en un arbitraje entre el gobierno regional y Cobra, la empresa privada tendría las de ganar. Y dicho resultado, podría ser antecedente favorable para un eventual reclamo de Inland Energy.

Discusión de la adenda 13

Martínez sostiene que una salida ante los posibles arbitrajes es que el Consejo Regional apruebe de una vez por todas la adenda 13 del contrato de Majes Siguas II. El análisis de esta modificación contractual ya lleva cuatro años, tiempo en que el proyecto ha estado paralizado.

La decisión de aprobar la adenda 13 está en manos del Consejo Regional de Arequipa. Sin embargo, hay consejeros en contra, pues esta implica un incremento al costo del proyecto de 104 millones de dólares que será avalado por el Estado peruano. La inversión se recuperaría con la venta de terrenos. Otros legisladores opinan que es momento de reformular el proyecto a un esquema de cinco hectáreas por parcela y ya no 200, como está estipulado.

Martínez sostiene que ya pasó el momento de las revisiones del esquema de terrenos, que se discutió hace 10 años con la firma del contrato original. Añade que debe evaluarse el costo-beneficio, pues el pago por eventuales arbitrajes perdidos será mayor al costo de la adenda 13.

En caso el Consejo Regional descarte la adenda 13, Martínez consideró que otra salida sería que el Estado asuma la realización del proyecto. Incluso, ello podría evitar la eventual demanda de Inland Energy. Sin embargo, cuestionó si Estado tiene la espalda financiera y maquinaria para realizar las obras de forma directa.