Presuntas irregularidades en cartas de líneas de crédito de obras de la MPCh

A fines de 2020 e inicios de 2021, la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), en la región Lambayeque, suscribió contratos para ejecutar cinco obras de reconstrucción en colegios por más de 11 millones de soles. Un grupo de regidores han advertido que algunas empresas obtuvieron la buena pro de licitaciones con líneas de crédito de una empresa en común, y que estarían al margen de la normativa.

Contratos

El último miércoles en horas de la noche, el pleno del concejo municipal conformó una comisión investigadora para conocer más detalles de las obras convocadas por la gestión de Marcos Gasco Arrobas, en el marco de la Reconstrucción con Cambios. Esto fue aprobado en una sesión de concejo ordinaria.

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De acuerdo a documentación a la que accedió La República, la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas firmó contrato con la empresa B & C ingenieros SAC para la recuperación de la infraestructura de la institución educativa n.° 11631, del pueblo joven Jesús de Nazareno, por S/ 4 151 795,10.

También figura en contrato con el Consorcio Concerge Perú para la recuperación de la infraestructura del colegio n.° 11151 Monseñor Augusto Vargas, del distrito de Chiclayo, por S/ 4 942 912,22. Y el contrato con el Consorcio JA & EB para la rehabilitación de la institución educativa n.° 10002, urbanización El Paraíso, por S/ 3 093 640,23.

De igual forma, la comuna contrató al Consorcio Chiclayo para la rehabilitación de la institución educativa n.° 037 Virgen de la Luz, del pueblo joven 9 de Octubre, por S/ 2 134 994,58; y al Consorcio Putumayo para recuperar la infraestructura del colegio inicial n.° 015 Santa María de los Niños, en el distrito de Chiclayo.

Advertencias

Preliminarmente se conoce que algunas de las empresas ganadoras presentaron líneas de crédito- respaldo económico suficiente para atender obligaciones contractuales- emitidas por la Cooperativa Niño Rey de Huamanga de Ayacucho, según versiones de los regidores Jony Piana Ramírez y Randy Vega Díaz. Estos hechos al margen de la normativa se registraron en los procesos de selección, durante la etapa de evaluación de las propuestas.

Al realizar consultas a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), se pudo saber que la citada cooperativa no cuenta con un esquema modular 2 y de nivel 2; es decir, no cuenta con autorizaciones para emitir garantías económicas a favor de empresa que postulan en licitaciones públicas. Esto aparece en los oficios n.° 7089-2021, n.°20473-2021 y n.°21583-2021.

“La SBS ha señalado que la empresa que ha emitido las líneas de crédito no tiene ninguna autoridad legal para emitir este tipo de documento. Ante esto, los postores que han ganado la buena pro de las obras no habrían presentado documentos necesarios para adjudicarse las licitaciones”, señaló Randy Vega.

Líneas seguidas, Vega sostuvo que se necesita saber cuáles son las empresas que presentaron las líneas de crédito irregulares y cuál es estado actual de las obras de rehabilitación. La indagación a la situación legal de la citada cooperativa se justificó por una denuncia realizada por el exgerente general Juan Salazar García.

“La comisión investigadora nos va a permitir saber cómo se han dado los procesos de selección. Hay sospecha de que las líneas de crédito adjuntadas en los términos de referencia sean irregulares. Y una casualidad es que varias empresas hayan obtenido líneas de crédito de una financiera en común”, precisó.

Un punto coincidente de los regidores Jony Piana y Randy Vega es que las líneas de crédito irregulares se presentaron en tres procesos de ejecución de obra y dos procesos de supervisión. Además, de que las irregularidades se presentaron en la ejecución de los proyectos de los cinco colegios referidos.

“Hay empresas que presentaron líneas de crédito si cumplir los requisitos, y vamos a determinar en que proyectos en especifico se han producido. Por ahora se conoce que cinco empresas distintas han presentado cartas de línea de crédito de una misma cooperativa, donde tres serían para ejecución de obra y dos de supervisión”, afirmó Piana.

Ante estas irregularidades, Randy Vega aclaró que corresponde a la MPCh iniciar acciones administrativas para proceder a la nulidad de los contratos de obras y consultoría.

Este diario buscó conversar con el gerente general Eleazar Torres Ybañez; sin embargo no encontró respuesta. Fuentes de la MPCh indicaron a este diario que no se ha cancelado ningún adelanto directo a una empresa o consultoría por obras en colegios.