Los acusados de violación sexual en grupo contra una joven de 21 años, fueron trasladados al penal de Lurigancho para cumplir los 9 meses de prisión preventiva impuestos por el Poder Judicial. Durante este tiempo se realizarán las investigaciones pertinentes del caso.
José Arequipeño, Sebastián Zevallos, Diego Arroyo, Andrés Fassardi y Manuel Vela permanecieron hasta el 28 de octubre en la nueva carceleta de Lima ubicada en el establecimiento Ancón II, hasta que fueron clasificados y reubicados.
El delito imputado sucedió el pasado 18 de octubre en una vivienda de Surco. Anteriormente, habían estado recluidos en la comisaría de Chacarilla del Estanque, desde donde siguieron todos los trámites administrativos y los protocolos de bioseguridad para prevenir la COVID-19.
Según el coronel PNP Jhonny Rolando, jefe de la División Policial Sur 2, la denunciante refirió que llegó al lugar con dos amigas, pero que ellas se fueron alrededor de las 10.00 p. m., por lo que se quedó con los cinco sujetos, a quienes ya conocía.
Una vez que la joven pudo salir de la vivienda, fue a denunciar el hecho a la comisaría de Chacarilla del Estanque en compañía de sus padres. ''Acepta que son sus amigos. Lo que no acepta es que haya autorizado que tengan relaciones con ella'', señaló el oficial.
El coronel sostuvo que ni bien se conoció el caso, la policía fue ''domicilio por domicilio'' a buscar a los denunciados.
Los cinco implicados reconocieron que hubo contacto sexual, pero alegaron que fue consentido. No obstante, la propia PNP informó que si bien no hay signos de agresión física, ''en el examen médico legal sí hay resultados positivos para ataque sexual''.
En tanto, el Ministerio Público, luego de recibir los resultados de los exámenes, así como los testimonios de los acusados, solicitó 9 meses de prisión preventiva para los cinco implicados.
Para la Defensoría del Pueblo, es importante que el Poder Judicial amplíe las medidas de protección para la joven víctima de violación sexual en el distrito de Surco.
Según explicaron, luego de las exposiciones “prejuiciosas y discriminatorias que generan una revictimización” ellos piden prohibir a los denunciados y sus familiares hacer comentarios que afecten la dignidad, salud y vida de la víctima.
“A fin de evitar que se vuelva a brindar declaraciones que se refieran a la víctima de manera prejuiciosa y estigmatizante, la Defensoría del Pueblo ha solicitado la ampliación de las medidas y extenderlas a sus familiares. Ello debe implicar prohibir a los denunciados, sus familiares y abogados defensores develar la identidad de la víctima, hacer mención o referencias a esta o sobre su familia cercana, o datos que pudieran identificarla”, mencionó la entidad.