
La entrega oportuna de bienes y servicios al pueblo no debe interrumpirse por la crisis política que viene afrontando el país tras la disolución del Congreso de la República, advirtió la Defensoría del Pueblo.
Mediante un comunicado, precisaron que deben asegurarse las atenciones relacionadas a salud, educación, saneamiento y alimentación.
Las personas en situación de vulnerabilidad y las que viven en las zonas más alejadas del país son quienes tienen que seguir recibiendo lo que les corresponde.
“El gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales deben cumplir con su obligación de asegurar la entrega oportuna de los bienes y servicios públicos que la población espera”, se indica en el documento.
La Defensoría del Pueblo afirmó que supervisará el cumplimiento de las obligaciones del Estado a través de las 38 oficinas que administran a nivel nacional. “El personal de la Defensoría del Pueblo estará vigilante (...) poniendo una atención especial en quienes más lo necesitan”, se lee en el comunicado.





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