Por Milagros Berríos
El Poder Judicial (PJ) ya tiene en sus manos las demandas de al menos cuatro universidades privadas que buscan dejar sin efecto la denegatoria de licenciamiento dispuesta por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), como lo informó La República la última semana.
Frente a ello, el superintendente Martín Benavides dice estar a la espera de que la ciudadanía respalde y defienda las reformas impulsadas, y que el Poder Judicial tome una decisión que respete la objetividad de los procedimientos del ente que regula y da licenciamiento a las universidades. “Muchas cuestionan aspectos formales, pero ninguna de fondo. Nosotros estamos concentrados en respetar la formalidad”, señala.
Las demandas judiciales a las que hace referencia son las interpuestas desde diciembre pasado por la Universidad Peruana de Arte Orval, la Peruana de Integración Global (UPIG), la Peruana de Investigación y Negocios (UPEIN) y la Marítima del Perú (UMP). Estas son las primeras de las 17 casas de estudios a las que, a la fecha, se les ha denegado la autorización por no cumplir con las condiciones básicas de calidad exigidas por la Ley Universitaria.
En diálogo con el suplemento Domingo de La República, el titular de la Sunedu dijo que estos casos están en manos de su procurador y ratificó que las instituciones denunciantes tenían que dejar de brindar el servicio educativo. “Puedo garantizar que hicimos las cosas bien, esas universidades no podían seguir funcionando y no podíamos permitir que más estudiantes se vean perjudicados con una oferta que no se correspondía con el acceso a una condición esencial de calidad”, refirió.
Así, agregó que la entidad que dirige interpondrá las acciones necesarias contra estas pretensiones. “Vamos a defender las medidas tomadas, vamos a defender la reforma, actuando en todos los niveles en los que haya que actuar”.
Hay que recordar que las cuatro demandas antes mencionadas contra la Sunedu se han dado por la vía contenciosa administrativa y la de amparo, a diferencia de la interpuesta por la Telesup, la cual -representada por José Luna Morales, hijo del excongresista solidario José Luna Gálvez- denunció penalmente al superintendente Martín Benavides por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y de cohecho pasivo propio.
La Orval y la UPIG han presentado acciones de amparo para dejar sin efecto la denegatoria de licenciamiento y continuar brindando de manera regular el servicio a sus alumnos. La UPEIN y la Universidad Marítima del Perú también han planteado la nulidad de resoluciones para retrotraer el proceso y subsanar las observaciones.
Entre sus argumentos refieren que la Sunedu ha violado su derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica, al principio de imparcialidad y otros.
Según Martín Benavides, en la mayoría de recursos de reconsideración (presentados antes de las demandas al PJ) se decía muy poco sobre la evaluación que hace Sunedu de las condiciones básicas de calidad. “Es casi un reconocimiento tácito de que no cumplen con las exigencias mínimas. La mayoría de ellas van por el plazo, por temas formales. No hay sesgo, la evaluación es objetiva”.
- Van 17 instituciones con licenciamiento denegado. La última es la Universidad Global del Cusco, con 3 carreras, 591 estudiantes y 38 docentes. Según la resolución de la Sunedu que se publica hoy, esta universidad privada no ha cumplido con ninguna de las condiciones básicas de calidad y tiene entre sus principales deficiencias la sostenibilidad financiera y la investigación. Ahora deberá cesar el servicio en los próximos dos años.