El juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dictó 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por liderar una presunta organización criminal en la modalidad de colusión y tráfico de influencias en agravio al Estado por los casos de Provías Descentralizado, Ministerio de Vivienda y Petroperú. La misma medida también recae para el exministro de Transportes Juan Silva; mientras que para el exministro de Vivienda Geiner Alvarado se determinó medidas de comparecencia.
Esta nueva medida de prisión preventiva se computará en paralelo a la que se le impuso en diciembre de 2022 por los presuntos delitos de rebelión y, alternativamente, conspiración, por el fallido intento de golpe de Estado.
El magistrado supremo Checkley aseguró que existen graves y fundados elementos de convicción contra el expresidente, por lo que se cumplió el primer presupuesto para dictar una orden de prisión preventiva.
La segunda condición es que la prognosis de la pena supere los 4 años. Por este caso, la fiscal suprema adjunta Galinka Meza, representante del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, estima que Castillo Terrones podría recibir una pena de 32 años.
"La sanción a estimarse, dado que en concurso real se está atribuyendo al señor Castillo Terrones la comisión de los delitos, tenemos que la sumatoria, conforme al artículo 50, nos permite establecer que la pena a imponerse, en el caso (de) que sea así —en un supuesto—, sería sentenciado a una pena privativa de la libertad de 32 años", dijo Meza en una audiencia previa.