La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la condena de 22 años y 5 meses de prisión contra el excongresista Michael Urtecho por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito. Esto al haber recortado sistemáticamente el sueldo a los trabajadores de su despacho congresal por un monto total de 430.656 soles. La misma suerte corrió su esposa Claudia González, quien fue condenada a 28 años por concusión, apropiación ilícita, peculado y lavado de activos.
Al inicio de la audiencia, el juez supremo Iván Sequeiros recordó que, si bien se aplicó la Ley Soto en la sentencia de primera instancia para declarar prescrito tres de los siete recortes de sueldos, esto fue antes de que la Corte Suprema determinara a través de un acuerdo plenario que dicha norma es inconstitucional.
“El beneficio para los imputados (si se aplica la Ley Soto) en este caso específico tiene un costo excesivo para la justicia”, apuntó el magistrado supremo.
De esta manera, se inaplicó la Ley Soto y se determinó que la acción penal seguía vigente, por lo que el colegiado supremo halló culpable a Urtecho de los siete recortes de sueldos por los que la Fiscalía lo acusó inicialmente. No obstante, si bien ello habría conllevado a un incremento de la pena final, la Sala Penal indicó que la Fiscalía no precisó ni fundamentó cuál era la pena concreta que se le debía imponer.
Sumado a ello, los magistrados consideraron el "interés superior del niño" –Urtecho y su esposa son padres de una menor– y que el excongresista padece una condición que afecta su salud. Por eso es que no se aumentaron las penas y, por el contrario, se confirmaron las que se impusieron en primera instancia.
La Sala Penal Permanente confirmó los demás extremos del fallo de primera instancia y ordenó el internamiento de Michael Urtecho y su esposa en una cárcel pública. Cuando se dictó la sentencia de primera instancia en agosto de 2023, la Sala Suprema Penal Especial suspendió la ejecución de la pena hasta que se confirme, que ha sucedido el día de hoy.
Durante la lectura de la sentencia, el juez supremo Iván Sequeiros lamentó que presuntamente se haya institucionalizado que congresistas de la República recorten el sueldo a sus trabajadores como condición para que estos últimos sean contratados. Esto en referencia a la decena de casos de 'mochasueldos' en el actual Legislativo.
"Al parecer se habrían institucionalizados dichos comportamientos por parte de algunos malos representantes ante el Congreso, quienes, en vez de esforzarse por realizar un trabajo en beneficio de los electores, solo buscan un beneficio personal de manera totalmente deplorable reclamando parte de la remuneración de los trabajadores a cambio de darles un puesto de trabajo. Lo que constituye no solo un hecho delictivo, sino además un comportamiento detestable tanto más si proviene de quien en su calidad de alto funcionario debe dar el ejemplo de un comportamiento dentro de la ley y moralmente cuestionable", dijo el magistrado.