La defensa de la legalidad, de la institucionalidad del Ministerio Público y del trabajo de los fiscales. Esto es lo que ofrece para los próximos tres años, la nueva fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, al juramentar el cargo.
Ella es un nuevo rostro para el gran público, una veterana al interior del Ministerio Público que escaló desde asistente de función fiscal hasta el más alto cargo de la institución, superando en el camino deslealtades, celos, incomprensiones y egoísmos.
Delia Espinoza Valenzuela conoce al Ministerio Público, en sus fortalezas y carencias. El Ministerio Público la conoce perfectamente, con sus defectos y virtudes.
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Por eso, al interior de la institución no se esperan sorpresas. Hacia afuera, sobre lo que podrá y quiere hacer, la ceremonia de juramentación y toma de cargo estuvo llena de señales.
Delia Espinoza ejercerá como fiscal de la Nación de noviembre 2024 a noviembre 2027
Como nunca antes, desde que se creó el Ministerio Público, en la ceremonia de juramentación de un nuevo fiscal de la Nación no participaron el presidente de la República, Dina Boluarte, tampoco ministros, congresistas, políticos, ni abogados influyentes, ni jueces del Poder Judicial.
“La ceremonia era solo para fiscales y trabajadores, que no se especule, no es algo negativo hacia las demás instituciones”, explicó luego Espinoza, en su primer contacto con la prensa.
Espinoza juró el cargo ante la Junta de Fiscales Supremos, integrada por los fiscales supremos Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos y el saliente fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana.
A continuación en un discurso puntual y sin anuncios explosivos expuso su línea de trabajo, sus metas y su oferta a la ciudadanía. Inició su mensaje resaltando el trabajo de los subsistemas especializados en corrupción, crimen organizado, lavado de activos, perdida de dominio, trata de personas, tráfico de armas y personas, entre otros.
Indicó que hablará con todos ellos para conocer sus necesidades y brindarles el apoyo que necesitan para que puedan realizar su labor. A diferencia de los últimos cuatro fiscales de la Nación, los todopoderosos e intocables Equipos Especiales no formaron parte de este primer relato.
Ampliarán la competencia de las fiscalía de crimen organizado para investigar a bandas violentas
Asimismo, anunció que se ampliará la competencia de las fiscalías especializadas contra el crimen organizado, para que también investiguen a las bandas violentas del sicariato y la extorsión que generan inseguridad en la ciudadanía.
A los fiscales de turno les pidió estar desde el primer momento en que ocurre un delito para disponer el inicio de la investigación, con el apoyo de la policía, de tal manera de dar oportuna pronta respuesta a las víctimas.
Sobre este punto, cuando un periodista le preguntó sobre las críticas desde la policía, el gobierno y el Congreso, a la liberación de detenidos en flagrancia, indicó que responderá en su momento con cifras para no caer en la especulación.
La fiscal de la Nación anunció que los fiscales informaran de sus actividades a la población
“Nosotros somos técnicos jurídicos, no somos políticos. No hay que hacer declaraciones ligeras. Debe verse caso por caso. La detención en flagrancia no es absoluta, pues puede ser ilegal o el detenido reconocer su culpa y aceptar una terminación anticipada o tratándose de delitos menores, no merecer una prisión preventiva, y quedar en libertad”, afirmó.
En otro momento, dirigiéndose al país señaló que no se trata de meter presos a todos, sino de investigar para que el responsable reciba la sanción que corresponda, con lo cual se consigue dar justicia, restituir el daño y tener paz social.
A los trabajadores del Ministerio Público, que anuncian una huelga nacional, les indicó que conoce sus necesidades, que los está escuchando, que los ha visto marchar al Congreso, por lo que pondrá todo su esfuerzo para mejorar sus ingresos y oportunidades laborales.
La nueva fiscal de la Nación anunció que evaluarán presentar demandas de inconstitucionalidad contra las leyes aprobadas por el Congreso si colisionan con la legalidad, los tratados internacionales y la Constitución.
“Si bien la función de legislar es del Congreso y nadie se puede negar a cumplir una ley, el Ministerio Público tiene la atribución de discrepar, no política, sino constitucionalmente de una ley”, anotó. Evalúan presentar una demanda si se aprueba la ley que permite juzgar a los menores como adultos.