Elio Riera, abogado del expresidente Alberto Fujimori, en una entrevista en el programa 'Octavo Mandamiento', transmitido por el canal N, indicó que los actos cometidos en 1992 no constituyen delitos de lesa humanidad según las normas vigentes. Por lo tanto, el exmandatario estaría siendo juzgado injustamente.
Asimismo, Riera enfatizó que la estrategia legal no busca acogerse directamente a una ley de prescripción, sino demostrar la inocencia de Fujimori en el caso Pativilca. 'Hay que hacer una aclaración. La tesis es demostrar la inocencia del expresidente en el caso Pativilca. No acogernos directamente a poder favorecernos con respecto a una ley o un vínculo de prescripción', dijo el letrado.
La ley a la que hace referencia el defensor sería la llamada "Ley de Amnistía", que buscaría beneficiar a sentenciados e investigados por crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno en el Perú entre 1980 y 2000. Cabe resaltar que este proyecto de Ley, presentado por las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular, ya fue aprobado en primera votación con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones.
Por otro lado, Riera, al ser consultado sobre el mensaje que dejó la parlamentaria Sigrid Bazán en sus redes sociales, indicó que rechaza categóricamente lo afirmado por la congresista, debido a que no ha proporcionado fundamentación jurídica alguna para respaldar que se investigue a alguien por actos que no estaban tipificados como delitos en la legislación.
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Esta respuesta se da luego de que Bazán publicara en X (antes Twitter), 'Hemos presentado un pedido de reconsideración a la votación de la Ley de Impunidad del fujimorismo. Es una vergüenza que mediante una ley se pretenda borrar la historia y perdonar a violadores de derechos humanos'.
Martha Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución, justificó la propuesta afirmando que esta cumple con los principios de legalidad, tipicidad y la prohibición de aplicar la ley de manera retroactiva, garantizando así su constitucionalidad.
El caso Pativilca involúcra el asesinato de seis personas ejecutadas por el grupo paramilitar Colina, conocido por sus acciones durante el gobierno de Fujimori. Estas personas fueron falsamente acusadas de terrorismo, lo que condujo a su inmediata ejecución sin juicio previo.
Este caso ha resurgido a raíz de los esfuerzos de la defensa de Fujimori por solicitar la prescripción del juicio, basándose en un recurso de excepción de naturaleza de acción, en el marco de una posible nueva legislación sobre la prescripción de delitos de lesa humanidad.