La Ley 27399 y la donación de joyas sustentan la denuncia fiscal por los Rolex
Dina boluarte. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena señala que la Constitución y la Ley lo facultan a realizar una investigación preliminar a la presidenta de la República. Luego, al encontrar indicios de actos ilícitos, presentar una denuncia constitucional al Congreso para que se apruebe el inicio de una investigación preparatoria para el juicio público.
La denuncia constitucional que la Fiscalía de la Nación presentó contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, en relación con el caso de los Rolex y joyas de lujo, se fundamenta en el artículo 99 de la Constitución, la Ley Nº 27399 y el Reglamento del Congreso. Así lo explica el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana.
Dichas normas son el caparazón legal de la denuncia constitucional que ingresó, al Área de Trámite Documentario del Congreso, la tarde del lunes 27 de mayo último, por delito de cohecho contra la presidenta Boluarte. El desarrollo legal, jurisprudencial e histórico de dichas normas se explican con detalle en las primeras páginas de la disposición fiscal.
Así, pues, se indica que el mencionado artículo 99 de la Constitución Política de 1993 establece que “corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso de la República al presidente de la República; a los representantes al Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a los jueces de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del Pueblo y al contralor general por todo delito que comentan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en estas”.
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En tanto, el artículo 1 de la ley Nº 27399, de enero de 2001, faculta al Fiscal de la Nación a “realizar investigaciones preliminares al procedimiento de acusación constitucional por la presunta comisión de delitos de función atribuidos a funcionarios del Estado comprendidos en el Artículo 99 de la Constitución”.
Dicha Ley añade que: “en caso de encontrar evidencias o indicios razonables de la comisión de los delitos a que se refiere el párrafo precedente, el Fiscal de la Nación formula la denuncia constitucional correspondiente, adjuntando copia autenticada de los actuados en dicha investigación”.
Adicionalmente, subraya la fiscalía, el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, al regular el artículo 99 de la Constitución, establece que el procedimiento de acusación constitucional se inicia ante una denuncia de “los Congresistas, el Fiscal de la Nación o cualquier persona que se considere directamente agraviada”.
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“De lo expuesto se desprende, que el fiscal de la nación no solo tiene competencia para realizar investigaciones o diligencias preliminares contra los altos dignatarios señalados en el artículo 99 de la Ley Fundamental, sino también, una vez culminadas las diligencias preliminares, se encuentra facultado por ley para formular denuncia constitucional ante el Congreso de la República, contra dichos altos funcionarios, en caso advertirse la existencia de evidencias o indicios razonables de la comisión de delitos durante el desempeño de sus funciones”, subraya el punto 3.12 de la denuncia constitucional.
Villena en peligro
El Congreso pretende sancionar al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena por denunciar a Boluarte
Pese a este amparo legal, trascendió que el Congreso pretende dar trámite a una denuncia constitucional que el ciudadano Jhon Carlos López Goicochea presentó contra Juan Carlos Villena por presuntamente transgredir el artículo 117 de la Constitución y cometer delito de prevaricato.
Según el referido ciudadano, Villena no puede denunciar constitucionalmente a un presidente en ejercicio por la comisión de un delito común. La denuncia contra Villena se encuentra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Lady Camones.
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Contrariamente, el 21 de junio de 2023, este mismo parlamento acusó e inhabilitó a la exfiscal de la Nación y fiscal suprema Zoraida Ávalos por, supuestamente, no investigar al expresidente Pedro Castillo, y hoy se pretende hacer lo mismo con Villena, pero por investigar y acusar a la presidenta Dina Boluarte.
Una contradicción parlamentaria que terminará por favorecer al expresidente Pedro Castillo, en los procesos penales en su contra, pues se pone en duda la legalidad de la actuación del Ministerio Público.
El cohecho
Dina Boluarte habría cometido cohecho de marzo de 2023 a marzo de 2024
A los fundamentos legales, la fiscalía agrega que se ha encontrado una serie de indicios y pruebas de que la presidenta Dina Boluarte habría cometido el delito de cohecho al recibir en calidad de donación tres relojes Rolex y dos joyas de lujo por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
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A cambio de esas donaciones, precisa la fiscalía, Boluarte utilizó su poder como jefa de Estado y jefa de Gobierno para aprobar una serie de leyes y decretos de urgencia que ampliaron el presupuesto del gobierno regional de Ayacucho en más de 194,8 millones de soles.
La Fiscalía descarta que la entrega de los tres Rolex, una pulsera de diamantes y un par de colgantes de oro y brillantes que hizo Oscorima a la presidenta fueran un desinteresado acto de amistad o hermandad, sino que estuvieron dirigidos a obtener un beneficio económico, a través del poder presidencial de Boluarte.
“Entre marzo de 2023 a marzo de 2024 se aprobaron 44 solicitudes de demanda adicional de presupuesto para proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Ayacucho en los que se advierte la intervención del Poder Ejecutivo [Presidencia de la República y Presidencia del Consejo de Ministros], por un total de S/ 194’ 835, 416.00 (...); en las cuales se autorizó el uso de dinero de reserva de contingencia del Estado”, precisa la fiscalía.
Anota que “la continuidad de las donaciones antes descritas, dadas por Wilfredo Oscorima Núñez y recibidas por la denunciada Dina Boluarte Zegarra, se concretaron con el propósito de que ésta última realice actos propios de su cargo como presidenta de la República”.
A partir de lo cual se concluye que Dina Boluarte habría cometido el delito de cohecho (soborno) al recibir una donación, a cambio de ejercer un acto propio del cargo de presidenta de la República.
Wilfredo Oscorima pasa a una fiscalía provincial
Wilfredo Oscorima será investigado por una fiscalía provincial
La disposición del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena informa que se ha dispuesto la continuación de una investigación preliminar aparte contra la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omitir información en una declaración pública.
Sobre estos delitos, según trascendió, la información obtenida hasta ahora no era concluyente para incluirla en la denuncia constitucional, pues falta una serie de documentos bancarios y un peritaje financiero contable sobre los ingresos y gastos de Dina Boluarte, como ministra de Estado y presidenta de la República.
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De otro lado, se remitieron copias de todos los hallazgos realizados sobre los Rolex y joyas a la Fiscalía Provincial Corporativa de Delitos de corrupción de funcionarios para que se continúe y amplíe la investigación a Wilfredo Oscorima.
Así, una fiscalía provincial para casos de corrupción seguirá investigando a Wilfredo Oscorima, pues él no tiene derecho a antejuicio político, por lo que no se requiere pasar por la aprobación del Congreso. La fiscalía provincial podría pasar a la etapa de investigación preparatoria a Oscorima y solicitar una serie de medidas cautelares adicionales.
