Dina Boluarte intenta sorprender a la CIDH en informe sobre la Junta Nacional de Justicia
Complicidad. Gobierno envió un escrito sin detallar todos los incidentes y vicios producidos en la Comisión de Justicia del Congreso, en el proceso exprés para sancionar a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia.
El pasado 25 de setiembre, la representación del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), a cargo de Gustavo Adrianzén, difundió un documento donde señalaban haber enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “información detallada” sobre el cumplimiento del debido proceso en la investigación sumaria del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia ( JNJ). La República accedió a dicho documento y la versión que difundió Palacio no se ajusta a la verdad.
El reporte fue enviado por el Gobierno peruano el 22 de setiembre y contiene comentarios previos al borrador del pronunciamiento que iba a di- fundir la CIDH, en relación con la preocupación generada por la investigación seguida contra la JNJ y la posible afectación del debido proceso.
El documento consta de 18 páginas y deja en evidencia importantes omisiones de parte del Gobierno de Dina Boluarte en relación con la forma como el Congreso y la Comisión de Justicia han conducido el proceso sumario contra la JNJ.
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El “plan de trabajo”
En la página 3 del reporte, el Gobierno de Dina Boluarte informa, por ejemplo, que la Comisión de Justicia aprobó un plan de trabajo con cargo a redacción. Y luego desarrollan cinco párrafos sobre el mencionado “plan de trabajo”.
Pero Palacio evita detallar ante la CIDH que lo aprobado en la sesión del 12 de setiembre por la Comisión de Justicia, en realidad, era un documento de apenas una página, sin ningún contenido relevante, como los objetivos o el cronograma de trabajo. El ánimo por procesar a los miembros de la JNJ en forma célere los llevó a aprobar dicho documento que luego les generó problemas (ver documento del supuesto plan aprobado).
Recién el 20 de setiembre, los miembros de la Comisión de Justicia tuvieron conocimiento de un cronograma, cuando ya las cosas estaban encaminadas.
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La falta de análisis sobre el “plan” aprobado llevó a la comisión a incurrir en el error de citar a los miembros de la JNJ sin cumplir con el mínimo de tres días de anticipación. La sesión luego tuvo que ser cancelada.
El “informe preliminar”
El Gobierno de Boluarte también informó a la CIDH que ya se había aprobado un informe preliminar, pero otra vez evita dar detalles de lo ocurrido, en relación con dicho documento.
En realidad, el informe preliminar no contenía ningún avance relevante. Se trataba solo de poner el parche a una situación
anómala generada en el Pleno. Y es que solo habían otorgado 14 días hábiles para el proceso sumario y el plazo iba a vencer.
Esto los obligó a fabricar un informe preliminar sin avances y que fue aprobado solo para formalizar la ampliación del plazo por 14 días hábiles adicionales. Es más, el documento ni siquiera fue entregado a los miembros de la comisión con 24 horas de anticipación.
Sin garantías
Por otro lado, el Ejecutivo reconoce en su escrito que en los procedimientos parlamentarios se deben reforzar las garantías del debido proceso, porque el Congreso “actúa por criterios basados en la oportunidad y conveniencia”.
Pero más allá de la sola mención, el documento del Ejecutivo no detalla qué medidas se han adoptado para reforzar las garantías del debido proceso en esta investigación sumaria a cargo del Congreso peruano.
Como se sabe, el 25 de setiembre, la CIDH emitió el pronunciamiento de preocupación y Gustavo Adrianzén dijo que había imprecisiones. Al contrario, las omisiones estaban en el reporte del Ejecutivo.
Informe que oculta las tropelías del Congreso
El Gobierno de Dina Boluarte informa a la CIDH, en forma general, sobre la aprobación del “plan de trabajo” de la Comisión de Justicia para procesar a los miembros de la JNJ.
Pero el Ejecutivo evita detallar que el plan aprobado era este documento de una sola página, sin objetivos ni cronograma.
Palacio reporta la ampliación del plazo sin detallar que el Congreso procesa a la JNJ en forma exprés.