Alejandro Soto pidió a juez archivar su caso con ley que él aprobó
En su propia telaraña. Presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, mintió cuando dijo que la acusación en su contra había prescrito en 2019, ya que recién el 14 de julio de este año solicitó acogerse a la prescripción y se la dieron.
El 14 de julio de este año, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, por intermedio de su abogado Walter Pimentel Peralta, solicitó al juez Carlos Román Gil acogerse a la Ley N.° 31751 para archivar acusaciones fiscales en su contra por estafa y falsedad genérica. Román debía dictar sentencia el 21 de julio.
El pedido, formulado por Alejandro Soto al magistrado Carlos Román, desmiente cabalmente al congresista, que ha dicho que su caso prescribió por mandato del juez Reinaldo Ochoa Muñoz, el 8 de noviembre de 2019. Es falso.
Después de que una investigación de La República reveló que Alejandro Soto consiguió el archivamiento judicial de una grave acusación fiscal en su contra, acogiéndose a una ley que personalmente promovió en el Congreso, el legislador respondió que no era cierto.
Sin embargo, este diario obtuvo una copia del requerimiento que hizo Soto al juez Carlos Román para que se aplique en su caso la Ley N.° 31751, lo que efectivamente ocurrió.
El 24 de julio, 48 horas antes de ser elegido Soto como presidente del Congreso, el juez Carlos Román emitió la resolución, declarando prescrito el caso contra Alejandro Soto, basándose en la Ley N.° 31751.
El juez. El magistrado Carlos Román aplicó la Ley Soto para salvar al presidente del Congreso. Foto: difusión
En debate y aprobación de la norma intervino el propio congresista Soto, en un flagrante conflicto de intereses, como lo demostró documentalmente La República.
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Alejandro Soto también manifestó falsamente que, luego que el juez Reinaldo Ochoa declaró prescrito el caso en 2019, el proceso continuó contra otros cuatro implicados.
La verdad incómoda
La verdad es nunca hubo archivamiento definitivo; la acusación continuó contra los cinco. Por eso, cuando el magistrado Carlos Román aplicó la prescripción, lo hizo para los cinco, incluido Soto. El archivamiento de la imputación contra el presidente del Congreso recién se produjo con la Ley N.° 31751, en cuya aprobación participó. Legalmente, estaba impedido de hacerlo.
César Acuña Peralta, líder del partido de Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), salió en defensa de este. Aseguró que Soto no aprobó la Ley N.° 31751, sino el Pleno del Congreso. No es cierto. Acuña pasó por alto que Soto promovió el proyecto de ley e intervino tres veces a favor del mismo, a sabiendas de que el 21 de julio estaba citado por el juez Carlos Román para resolver su caso. Soto necesitaba la ley para zafarse de la grave acusación fiscal.
Otra evidencia de que Soto no dijo la verdad cuando indicó que su caso había prescrito en 2019 es el video de la audiencia del 21 de julio, en el que consta que asistió virtualmente. Si su caso estaba archivado desde hacía cuatro años, ¿por qué estuvo su abogado y él mismo?
Los tres momentos que prueban que Alejandro Soto fue parte del proceso de aprobación de la ahora llamada Ley Soto son los siguientes.
Pantallazo. Arriba, en el centro, Alejandro Soto en la audiencia del 21 de julio de este año. Foto: difusión
UNO. El 24 de marzo, la Junta de Portavoces, con el respaldo de Alejandro Soto Reyes en representación de APP, amplió la agenda del Pleno para incorporar el proyecto de la Ley Soto.
DOS. El 11 de mayo, la congresista Ruth Luque pidió reconsiderar la votación a favor de la Ley Soto, porque permitía la impunidad. Para entonces, Alejandro Soto estaba citado para el 21 de julio por el juez Carlos Román para escuchar su sentencia. Por eso votó en contra el pedido de la legisladora Luque.
TRES. El mismo 11 de mayo, se pasó a una segunda votación del proyecto de ley. Alejandro Soto votó a favor, porque la norma era de su conveniencia ante la cercanía de la audiencia en que se resolvería la sentencia en su contra.
Empero, pese a la evidencia documental presentada por La República, Alejandro Soto arguyó en una entrevista con Canal N: “Esta ley que hacen mención y que supuestamente me beneficia, no me beneficia, es completamente falsa esa información”.
Soto pretende confundir cuando asegura, exhibiendo una resolución judicial: “Hace cuatro años que este caso ha sido archivado a mi favor”.
Caso desestimado
Efectivamente, el 8 de noviembre de 2019, el juez Reinaldo Ochoa Muñoz declaró fundada la prescripción y el sobreseimiento a favor de Alejandro Soto.
Pero lo que no dijo fue que la resolución del juez Ochoa fue apelada por el Ministerio Público y por los abogados de la empresa estafada por Soto, Transportes Waynapicchu.
El 8 de enero de 2020, la Primera Sala Penal de Apelaciones del Cusco, integrada por los magistrados Luis Sarmiento Nuñez, Aníbal Paredes Matheus y Miguel Castelo Andia, anuló la resolución a favor de Alejandro Soto Reyes y revocó todo lo actuado hasta el acta de registro de control de acusación. Además, ordenó que otro juez de investigación preparatoria lleve a cabo el caso.
Soto no habló de este revés judicial, que lo acercaba un poco a la cárcel.
Dos años después, el 14 de octubre de 2022, la jueza Zulay Sánchez Farfán emitió una resolución de acto de enjuiciamiento contra Alejandro Soto y otros cuatro coimputados.
El juicio oral fue fijado para el 12 de abril de este año. Sin embargo, el juez Carlos Román Gil dispuso reprogramar la audiencia para el 21 de julio. ¡Tres meses! Con el detalle de que la decisión del juez Román se produjo cuando la Ley Soto se estaba cocinando en el Congreso y necesitaba su aprobación antes de la audiencia. Y así fue. La Ley Soto salió publicada en El Peruano el 25 de mayo, justo antes de la audiencia que asustaba al congresista cusqueño.
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Es así que el 21 de julio de 2023 se inició el juicio oral y el juez Carlos Román declaró la prescripción de los delitos de estafa y falsedad genérica contra Alejandro Soto, mediante resolución del 24 de julio. Dos días después, Soto fue elegido presidente del Congreso.
Darwin Urquizo, abogado de Transportes Waynapicchu, la empresa a la que estafó Alejandro Soto, confirmó que fue anulada la prescripción del caso contra el congresista en 2019.
“Es verdad que en ese año, el anterior juzgado de investigación declaró a su favor (Soto) y de los cuatro imputados, un pedido de sobreseimiento por prescripción. Pero lo que no ha contado Soto es que esa resolución se apeló y la Sala Superior anuló la resolución y todo lo actuado del proceso”, apuntó Darwin Urquizo.
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El letrado insistió en que Soto afectó el patrimonio de la compañía cuando este laboraba como asesor legal.
“El congresista Alejandro Soto ha estafado a la empresa Transportes Waynapicchu, alterando la realidad y haciendo caer en error y con engaños a los miembros del directorio con el fin de beneficiarse económicamente. Por esa razón fue denunciado penalmente”, señaló el abogado.
Documentos que desmienten a Alejandro Soto
Resolución del juez Carlos Román archivando el caso contra el presidente del Congreso por estafa y falsedad genérica, fundamentándose en la Ley Soto.
El 14 de julio de este año, Alejandro Soto Reyes pidió el archivamiento de la acusación fiscal en su contra, en aplicación de la ley que él promovió en el Congreso.
