Dina Boluarte declarará el 6 de junio sobre muertes en las protestas

La Fiscalía de la Nación dispuso reprogramar la declaración de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, para el próximo 6 de junio a las 9 de la mañana. La diligencia se efectuará en las instalaciones del área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público.

En la resolución del fiscal adjunto supremo, Marco Huamán Muñoz, se señala que la solicitud de reprogramación presentada por la defensa de Boluarte “se encuentra debidamente sustentada en una actividad oficial programada con antelación”, que lo hace atendible.

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La mandataria es investigada por la presunta comisión del delito de genocidio por la muerte de manifestantes durante las protestas sociales.

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Esperan condena

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) confía en que tarde o temprano la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola serán condenados por los decesos en las movilizaciones de diciembre 2022 y enero 2023.

Desde Arequipa, donde abordó la situación de los derechos humanos en el Perú, la secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Jennie Dador, sostuvo que al igual que con Alberto Fujimori, no van a parar en la búsqueda de una sanción para los responsables de estas muertes.

“Yo podría asegurarles que Dina Boluarte, Alberto Otárola y todo ese grupo van a terminar en la prisión”, declaró Dador. Agregó que hay indicios claros de la responsabilidad del Estado en la excesiva represión, de acuerdo con las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional.

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Mencionó que la represión policial tuvo un patrón de acción que se evidencia en las necropsias de las víctimas, en las que se ve que los proyectiles se dispararon de la cintura para arriba, lo cual demostraría que hubo intención de causar la muerte.

Anotó que la responsabilidad recae en los ejecutores, pero también en la cadena de mando que llegaría hasta Boluarte, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas.

La clave

Responsabilidad. De acuerdo con órdenes de operaciones policiales a las que accedió el semanario Hildebrandt en sus trece, el alto mando de la Policía Nacional planificó sus acciones bajo el lineamiento político de que combatían contra “fuerzas adversas”, infiltradas por supuestos “delincuentes terroristas”. Los protocolos se ejecutaron, según los documentos, en función a criterios políticos en materia de Seguridad Nacional establecidos en el DS143-2022-PCM.