El expresidente Pedro Castillo Terrones permanecerá con detención preliminar, autorizada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, hasta el próximo martes, 13 de diciembre, mientras se le investiga por los delitos de rebelión y conspiración contra los poderes del Estado y el orden constitucional.
La detención se viene ejecutando en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) de la Policía Nacional, en Ate-Vitarte. En ese lugar, Castillo Terrones fue interrogado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, sobre el intento de golpe de Estado que perpetró el miércoles último.
Castillo ha declarado, según fuentes de la Fiscalía, que solo emitió el mensaje a la Nación y que, ante la renuncia de sus ministros de Estado, no emitió ningún documento o proyecto de decreto legislativo que ponga en marcha su anuncio de cerrar el Congreso y reorganizar las instituciones de la administración de Justicia.
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El expresidente estuvo asesorado por los abogados Aníbal Torres, exasesor del Consejo de Ministros y expremier, y por Víctor Pérez Liendo. Al final de la diligencia, Torres se quejó con la fiscal de la Nación del trato que estaba recibiendo el expresidente. Benavides le respondió que recibía el mismo trato que cualquier detenido.
Previamente, Torres y Pérez Liendo participaron en la audiencia que realizó el juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema Juan Carlos Checkley para evaluar la legalidad de la detención en flagrancia del expresidente y el pedido de la Fiscalía de imponerle 7 días de detención preliminar.
La Fiscalía de la Nación, a través del fiscal supremo adjunto, Marco Huamán, solicitó la detención preliminar de Castillo a fin de realizar diversas diligencias de recojo y aseguramiento de pruebas en la investigación en su contra por delitos de rebelión y conspiración contra los poderes del Estado y el orden constitucional.
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Huamán subrayó que existía un peligro de fuga, pues Castillo pidió asilo político a México y fue detenido por su escolta cuando se dirigía a la embajada de ese país en Lima, acompañado de su esposa y sus hijos.
El abogado de Castillo se defendió señalando que los hechos protagonizados por el expresidente se limitaron a leer un comunicado público y que esto no tiene relación con la descripción del delito de rebelión en el Código Penal.
Este delito se describe como levantarse en armas para variar la forma de gobierno, deponer el gobierno legalmente elegido o suprimir o modificar el régimen constitucional. Los abogados subrayaron que Castillo no se levantó en armas.
Este es un tema que será recurrente en este caso. Diversos juristas coinciden en que la descripción del delito que existe en el Código Penal no guarda relación con los hechos protagonizados por el expresidente Castillo, no solo por que no se evidencia el “levantarse en armas” sino también porque el anuncio de cierre del Congreso y otras medidas no se hicieron efectivas.
El Congreso en ningún momento dejó de funcionar e inmediatamente procedió a reunirse, debatir la vacancia de Pedro Castillo en la presidencia y elegir a su sucesor. Las actividades del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional tampoco se vieron interrumpidas.
Luego de evaluar el caso, el juez Checkley aprobó la detención en flagrancia de Castillo y le impuso los siete días de detención preliminar que pidió la Fiscalía. El magistrado no se pronunció sobre la descripción del delito, que se evaluará más adelante.
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Mientras tanto, la fiscal de la Nación citó a declarar a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez Chino y 15 ministros renunciantes a fin de identificar a las altas autoridades que apoyaron y promovieron el golpe de Estado.
Junto a ella, fueron citados Emilio Bobbio, César Landa, Kurt Burneo, Willy Huertas, Rosendo Serna, Alejandro Salas, Eduardo Mora, Roberto Sánchez, Oliverio Muñoz, Richard Washington, entre otros.
Juez Juan Carlos Checkley dispuso la detención preliminar de Pedro Castillo hasta el 13 de diciembre.
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Las indagaciones de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su equipo de trabajo están dirigidas a identificar a los altos funcionarios públicos que apoyaron la iniciativa de romper el orden constitucional. Con este objetivo se ha citado a los 16 exministros por ahora en calidad de testigos. Alguno de ellos podría ser incluido luego en la investigación e incluso en una detención.