Dina Boluarte: frenan cambios en colaboración eficaz, pero aún se advierten riesgos

El Gobierno observó el proyecto de ley aprobado por el Congreso que iba a limitar la colaboración eficaz en las investigaciones que realiza la Fiscalía sobre diversos delitos, pero se mantienen riesgos de perjudicar este recurso para futuras indagaciones, según advierten especialistas y organizaciones.

El texto del Parlamento iba a establecer un plazo máximo de ocho meses para que la Fiscalía pueda lograr acuerdos de colaboración eficaz, prorrogable en cuatro meses más en casos especiales, con personas que faciliten información y evidencia en investigaciones de delitos.

Además, iba a prohibir que sirva para confirmar hechos en el Poder Judicial la coincidencia de diferentes delatores en lo más importante de sus relatos. A poco de acabarse el tiempo para que el Gobierno pueda frenar estos cambios con su observación de la propuesta, decidió dar este paso, aunque sin cuestionar todos los peligros.

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El primer ministro, Alberto Otárola, calificó la intención del Poder Legislativo de “muy buena” por considerar que falta regulación, pero que el plazo que proponía de ocho para conseguir el acuerdo de colaboración “no era razonable”. Para el Ejecutivo, 36 meses sería el tiempo límite. Es casi el único cuestionamiento del Gobierno.

“Hemos hecho un estudio de toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y estamos sugiriendo al Parlamento que este plazo sea de 36 meses, improrrogables”, dijo Otárola a la prensa al anunciar la observación de la propuesta.

Adujo que el Congreso hizo bien en regular tiempos, pero que le ha faltado evaluación. “Los invocamos a que tengan una segunda reflexión”, adujo. “La ley prohíbe a los jueces confirmar hechos cuando varios delatores coinciden en lo más importante de sus relatos. Esa prohibición es inconstitucional. No hay manera de que se encuentre una sola justificación para prohibirle a un tribunal escuchar personas que declaran, por más que ellas mismas hayan estado comprometidas con determinados delitos”, dice el abogado penalista César Azabache, exprocurador anticorrupción.

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“En el caso de Pedro Castillo, se contó 18 declarantes de cargo. La ley impedirá que sean propuestos a juicio. Si mañana hubiera otros tantos declarantes en un caso sobre narcotráfico, sicariato, terrorismo, derechos humanos, la ley prohibiría usar esas declaraciones”, anota.

El texto vuelve al Congreso para que se pueda debatir más. “Nos preocupa que no se haya abordado otros aspectos de la modificación, como no usar delaciones coincidentes, lo que afecta las estrategias de investigación. Es positivo que observe plazos irreales que se pretendieron, pero no es lo único”, expresa Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética.

“Toca exigir al Congreso una revisión detenida de la norma. Sabiendo que hay muchos interesados en que este instrumento naufrague, tocará seguir muy de cerca este asunto”, añade.

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“La observación del Gobierno es positiva pero insuficiente. No se plantea que los 36 meses sean prorrogables, como propuso el Ministerio Público para casos de organización criminal”, añade el abogado penalista Rafael Chanjan, profesor de la Universidad Católica (PUCP).

“Tampoco observó la prohibición de corroborar una delación con lo que diga otro delator. Una declaración no se corrobora solo con lo que diga otro colaborador, pero no significa que no se usen para tener un indicio. No debe prohibirse”, opina.

Reacciones

Samuel Rotta, dir. ej. de Proética

“Preocupa que no se haya abordado otros aspectos de la modificación, como no usar delaciones coincidentes, lo que afectará las estrategias de investigación. Toca exigir al Congreso una revisión detenida”.

César Azabache, exprocurador

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“La ley prohíbe a jueces confirmar hechos cuando varios delatores coinciden en lo más importante. Esa prohibición es inconstitucional. Eso no ha sido observado; es decir, el Gobierno está de acuerdo”.

Rafael Chanján, abogado penalista, PUCP

“Esta observación es positiva, pero insuficiente. No se plantea que los 36 meses para lograr acuerdo de colaboración sean prorrogables ni cuestiona la prohibición de usar declaraciones que coincidan”.

Gobierno plantea mayor plazo

En oficio, presidenta Boluarte y premier Otárola quedan en plantear más tiempo para acordar colaboración.