Piura: Fiscalía investiga a candidatos a gobernadores y alcaldes por millonarios perjuicios al Estado
Expedientes advirtieron delitos contra la administración pública con afectaciones en la calidad de vida de miles de ciudadanos y que generaron pérdidas económicas al Estado por más de S/ 100 millones.
En alianza con Concova.pe. Exgobernadores, exalcaldes y excongresistas que postulan en estas Elecciones Regionales y Municipales 2022, en Piura, tienen investigaciones por presuntos delitos de corrupción relacionados con su labor como funcionarios públicos.
Unidad Regional
Desde su aparición en diciembre de 2017, la organización política Unidad Regional no había tomado mayor notoriedad hasta que Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán se presentó como candidato al Gobierno Regional de Piura y Gabriel Antonio Madrid Orué, a la alcaldía provincial. Ambos aspirantes tienen indagaciones iniciadas este 2022 y en años anteriores en el Ministerio Público, la mayoría de ellas relacionadas con sus funciones como exautoridades.
Reynaldo Hilbck fue gobernador regional de Piura de 2015 a 2018, con el movimiento regional Unión Democrática del Norte. Durante su gestión, colectivos civiles lo acusaron de cometer actos de corrupción al favorecer empresas que realizaron trabajos de prevención y de reconstrucción tras el Fenómeno de ‘El Niño’ costero, en 2017.
En medio de su campaña electoral 2022, el distrito fiscal de Sullana le abrió una investigación preliminar por el presunto delito de peculado tras ser denunciado por otorgar aumentos de sueldo indebidos a los trabajadores de la entidad regional durante su gestión como gobernador. Además, la Fiscalía de Lima formalizó una indagación preparatoria por el delito de colusión, en 2021.
De acuerdo con la carpeta fiscal 202-2017, el exgobernador también es investigado por el caso Lava Jato, en su calidad de expresidente del Consejo Directivo del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), entre 2011 y 2013. Hilbck es acusado del delito de colusión agravada por el presunto favorecimiento de la empresa Camargo y Correa con adendas al contrato y ampliaciones de plazo. Se estima que hubo un perjuicio al Estado de S/ 32 millones, solo en la aprobación del primer adicional.
La Fiscalía que ve el caso Lava Jato solicitó ampliar la indagación por 36 meses; sin embargo, el Poder Judicial dispuso solo 21 meses, plazo que culminará el 8 de octubre de 2023. Por este caso, a Hilbck se le embargó 11 propiedades, entre predios rurales, terrenos, un departamento, una playa de estacionamiento y cuatro vehículos, todos valorizados en S/ 5 475 681.
Por su parte, la Contraloría General de la República advirtió que Hilbck aparece en cuatro informes de control, en los que se le atribuye presunta responsabilidad administrativa y penal. El primero detalla que, en 2011, el candidato generó sobrecostos en la obra del Proyecto Alto Piura por el reconocimiento de gastos generales, posesión de maquinaria, entre otros, por S/ 77 578 387.
El órgano de control también observó el pago de planillas de servicios personales, en 2018, en la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba y Luciano Castillo Colonna, con fondos del canon y sobrecanon, que generó un perjuicio económico de S/ 33.250,00. Un cuarto informe responsabilizó a Hilbck de la firma de un convenio, en 2016, que conllevó a la entrega temporal y gratuita de un terreno público de 10.334,25 m2 al Consorcio Policlínico Johnmay Salud.
La República buscó al postulante Hilbck Guzmán para conocer su descargo, pero el ingeniero se negó a declarar al respecto.
Hilbck aparece en 4 informes de la Contraloría. Foto: Fanpage Reynaldo Hilbck
El otro candidato en las filas de Unidad Regional es Gabriel Madrid Orué, quien postula a la alcaldía provincial de Piura luego de haber sido burgomaestre del distrito de Tambogrande, entre 2015 y 2018.
Según información del Ministerio Público, Madrid registra tres investigaciones preliminares en agravio al Estado, entre las que destaca la carpeta fiscal 125-2021 por presuntas irregularidades en el expediente técnico para la obra de mejoramiento del Óvalo Campesino en la zona urbana de Tambogrande, valorizada en S/ 1 819 921,65.
Además, tiene dos denuncias en estado de formalización de indagación preparatoria en el distrito fiscal de Piura, una de ellas fue realizada en 2019 por la presunta sobrevaloración en la adquisición de productos para el programa Vaso de Leche.
La defensa legal del candidato, Roberto Crisanto Panta, explicó a este medio que la denuncia referida al programa Vaso de Leche fue desestimada en un primer momento; sin embargo, alguien presentó una queja y se esperan nuevas diligencias. Sobre las tres investigaciones en etapa preliminar, señaló que se encuentran a la espera de las notificaciones debido a que su avance es lento.
“En ningún caso se ha formulado acusación fiscal contra don Gabriel Antonio Madrid Orué. Como toda autoridad al finalizar su mandato, están sujetas a denuncias, las mismas que también se han hecho en contra de don Gabriel Madrid, pero de todas las denuncias realizadas en contra de mi patrocinado, en ninguna se ha desvirtuado su presunción de inocencia, ni siquiera ha sido acusado ni menos sentenciado por delito alguno” respondió por escrito Roberto Crisanto.
Gabriel Madrid tuvo que afrontar un proceso de exclusión ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Piura por omitir información respecto a dos sentencias firmes. La primera por violencia familiar contra su expareja en el 2014, mientras que la segunda se dictó en 2015, por el pago de beneficios sociales.
A través de medios locales, el aspirante indicó que la sentencia consistió en ir al psicólogo y fue producto de las constantes discusiones que mantenía con su expareja y también candidata por Renace Piura, Ingrid Wiesse. No obstante, Wiesse volvió a denunciarlo, este año, por agresiones en contra de las mujeres, al precisar que deterioró su propaganda electoral.
Somos Perú
Entre los postulantes del Partido Democrático Somos Perú se encuentra el excongresista Luis Raymundo Dioses, quien aspira al sillón regional; y el actual burgomaestre del distrito de Castilla, José Elias Aguilar, candidato a la alcaldía provincial de Piura. Ambos son acusados de delitos contra la administración pública.
Dioses es investigado por irregularidades en la obra de “Mejoramiento de Taludes e Instalación de Reservorios en los Asentamientos Humanos de Paita”, según se detalla en la carpeta fiscal 159-2017. La Contraloría también observó dicho proyecto, valorado en S/ 9 millones, indicando que presenta grietas y desgaste de concreto, apenas tres años después de haberse ejecutado.
El candidato al gobierno regional aparece en dos investigaciones preliminares más, en una por el delito de peculado y malversación en agravio del Estado. En el registro del Ministerio Público, hay otros 20 procedimientos contra Dioses, la mayoría de ellos archivados y relacionados con su gestión como alcalde de Paita, de 2015 a 2018.
José Elías Aguilar abandonó su cargo como burgomaestre del distrito de Castilla para postular a la Municipalidad Provincial de Piura con Somos Perú luego de haber pertenecido al movimiento Región para Todos en las elecciones pasadas.
Como líder del distrito de Castilla, Aguilar es investigado, en la carpeta fiscal 2021-236, por presuntamente haberse coludido con un grupo de empresas para obtener la adjudicación de tres obras públicas valorizadas en más de S/ 7 millones, entre los años 2020 y 2021.
La autoridad edil, junto con otros funcionarios, también son indagados por el delito contra la administración pública, por gastar S/ 68.509 en reparar 15 motos de patrullaje del Serenazgo y no publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) el contrato con la empresa Je Xtrem. Además, reporta dos investigaciones fiscales en estado preliminar por abuso de autoridad, en 2021 y en 2022, tras denuncias formuladas por ciudadanos.
El diario La República trató de comunicarse con ambos aspirantes para conocer su versión sobre las acusaciones, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron.
José Elias Aguilar abandonó su cargo como alcalde del distrito de Castilla para postular a la Municipalidad Provincial de Piura con Somos Perú. Foto: Fanpage Pepe Aguilar
Fuerza Regional
El partido liderado por el actual gobernador regional de Piura, Servando García, tiene como candidatos al sillón regional al excongresista Mario Javier Quispe Suarez y, para la provincia, a Segundo Luciano Valdiviezo Rodriguez, también conocido como ‘Chano’ Valdiviezo.
El postulante al gobierno regional Mario Quispe fue gerente de la municipalidad de Bellavista y, recientemente, estuvo a cargo de la Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna.
Quispe tiene una investigación preliminar en estado de reserva por el presunto delito de colusión con defraudación patrimonial. Según la Procuraduría de Piura, se trata de la carpeta fiscal 17-2022, en la que también aparece el aspirante de Somos Perú Reymundo Dioses.
Al ser consultado, Quispe declaró que desconoce la existencia de una indagación, por lo que espera ser notificado próximamente. No obstante, reconoció haber tenido un proceso relacionado con el delito de abuso de autoridad, el cual dijo que ya fue archivado.
El candidato a la alcaldía provincial de Fuerza Regional, ‘Chano’ Valdiviezo, registra dos investigaciones preliminares por el presunto delito de usurpación y hurto agravado, en 2021, según el Distrito Fiscal de Piura.
En su descargo, Valdiviezo asegura que las indagaciones responden a un litigio por la titularidad de predios con la Asociación Nuevo Horizonte, en el distrito de Castilla. Afirmó que las denuncias son lideradas por su cuñada Alejandrina Ocaña Machado, con quien ya tiene varios procedimientos archivados por falta de pruebas.
Más investigados
A través de pedidos de acceso a la información, La República constató que el candidato a la alcaldía provincial de la agrupación política Contigo Región, José Luis Morey Requejo, registra la carpeta fiscal 2020-282, en la cual se le acusa por delitos contra la administración pública en su calidad de actual consejero regional por Piura. El aspirante declaró a este medio que desconocía este procedimiento pese a que se encontraba en estado de audiencia.
También se identificó una investigación preliminar al candidato a la gobernación de la agrupación Región para Todos, Santiago Paz, por el delito de falsificación de documentos en calidad de imputado. Al ser consultado por este medio, señaló que el registro responde a un proceso en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el que se consignó de manera errónea su firma y, por ello, se elevó a la Fiscalía.
Santiago Paz señaló que su investigación se trata de un error en un procedimiento administrativo. Foto: Fanpage Santiago Paz.
En la agrupación política Podemos Perú, se halla el ex gobernador regional Javier Fernando Atkins Lerggios como postulante a la alcaldía. En agosto de 2019, Atkins fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible al haber contratado a la empresa de uno de sus familiares para brindar el servicio de vigilancia en el Hospital de Apoyo II de Sullana, entre los años 2013 y 2014, cuando era autoridad.
Sin embargo, en julio de 2020, la Sala Penal de Apelaciones de Sullana revocó la medida ordenando que se cancelen todas las disposiciones cautelares, restrictivas o reales dictadas contra los absueltos.
Vicegobernadores
Los candidatos a vicegobernador regional Milagritos Reto Sánchez, de Alianza para el Progreso; Celia Bertha Mercedes Abad Ovalle, de Fuerza Popular; y John Robert Moscol Aldana, de Renace Piura; reportan investigaciones preliminares, según información del Ministerio Público.
Milagritos Reto fue regidora de la provincia de Piura entre 2011 y 2014, al lado de la alcaldesa Ruby Rodríguez de Aguilar. Estuvo al mando de la dirección del Hospital III-1 José Cayetano Heredia de la Red Asistencial Piura, de mayo de 2018 a mayo de 2022. Reporta un historial de 12 investigaciones fiscales, entre las que destaca una carpeta fiscal en estado de denuncia pendiente por el presunto delito de apropiación ilícita.
Además, Reto tiene una indagación preliminar por negociación incompatible, al ser vinculada con la sobrevaloración en la compra de mascarillas de procedencia china durante los primeros meses de la pandemia de la COVID-19. Según el documento fiscal al que tuvo acceso La República, se pagó S/ 30 por cada una de las 1.940 mascarillas compradas, cuando su precio real en el mercado era de S/ 15.
En mayo de 2020, la Contraloría General de la República la halló responsable sobre las contrataciones del servicio de instalación y alquiler de estructuras metálicas en las instalaciones de la Villa Cayetano Heredia, de Essalud, efectuadas sin un procedimiento de selección y sin cautelar el cumplimiento de los términos de referencia, ocasionando perjuicio económico a la entidad por S/ 910.467,49.
En comunicación con La República, la exfuncionaria aseguró que no tiene vinculación con los hechos que se investigan y que, en el caso que ven la Fiscalía y la Contraloría, no tiene mayor responsabilidad debido a que el hospital Cayetano Heredia no ejecuta directamente la adquisición de bienes o servicios, en la que se presume que ocurrieron las irregularidades.
“Durante la pandemia, hubo compras de mascarillas, pero yo no compré. El hospital no tiene oficina de logística, esto yo ya lo expliqué a Fiscalía. Toda la parte de compras la realiza la gerencia de la red (EsSalud). Nosotros solo solicitamos lo que necesitamos”, sostuvo Reto.
La candidata Celia Abad Ovalle es bachiller en Derecho por la Universidad Los Ángeles de Chimbote y registra una investigación por el delito de usurpación de un inmueble en el 2021. Hasta el cierre de esta edición, La República no logró establecer comunicación con la postulante.
No obligados
El presidente del Jurado Electoral Especial de Piura, Juan Luis Alegría Hidalgo, recordó que los aspirantes a cargos públicos deben declarar sus sentencias firmes y consentidas a la ciudadanía; sin embargo, aclaró que la norma no les exige informar sobre las investigaciones fiscales o procesos judiciales iniciados o fallos que se encuentren aún en primera instancia.
“Las investigaciones fiscales no, procesos judiciales en trámite, tampoco. Se declaran sentencias consentidas, sentencias firmes, ni siquiera la primera instancia. Tienen que ser sentencias en segunda instancia o de la Corte Suprema, donde ya no haya nada que hacer. Lo importante es que el elector sepa la realidad de un candidato y tenga un voto responsable, pero informado”, explicó Alegría.
La procuradora de Piura, Isabel Palomino, explicó que, si bien existen candidatos con indagaciones en estado preliminar, de hace más de un año, se trata de procedimientos complejos que requieren una exhaustiva revisión y, por ello, toman más tiempo que un proceso tradicional.
En la región Piura hay 1 432 214 electores hábiles que, este domingo 2 de octubre, deberán escoger a sus próximas autoridades entre personajes nuevos en la política u otros con investigaciones fiscales por su labor cuando fueron funcionarios públicos.
Informe publicado en el marco del Curso de Especialización en Periodismo y Política (PUCP - IDEA Internacional - Fundación Gustavo Mohme Llona).
