El 6 de julio del 2020, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra Héctor Becerril por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo. Han transcurrido tres años y cuatro meses y, por fin, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso cuenta con una propuesta de informe final, pero hay un detalle: en lugar de aprobar la denuncia para que el proceso avance, la intención es enviar el caso al archivo.
La República tuvo acceso a este extenso documento de 220 páginas, que fue elaborado por el parlamentario José Jeri Oré, del grupo Somos Perú.
El informe concluye que “la Fiscalía partió de una serie de elementos de convicción que sostuvieron una sospecha inicial simple, los cuales luego de la realización de las diligencias preliminares no pudieron ser corroborados”. Por ello, “se recomienda el archivamiento de la presente denuncia”.
Este documento ahora debe ser sometido a votación en la SAC, que preside la parlamentaria Lady Camones (APP).
Sesión. La audiencia recién se realizó el 6 de octubre. Foto: difusión
El Ministerio Público denunció a Héctor Becerril como presunto integrante de la organización criminal ‘Los Temerarios del Crimen’ o ‘Los Corchines de la Corrupción’, junto con el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, junto con otros funcionarios ediles de los años 2016, 2017 y 2018.
Sobre la participación de Héctor Becerril, la Fiscalía advierte hechos de connotación penal. El otrora legislador habría sido el brazo político para poder incluir obras a favor del municipio de Chiclayo, en el presupuesto general de la república. Todo ello a cambio de favores económicos.
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En una declaración del 3 de diciembre del 2018, el exalcalde David Cornejo Chinguel habla de 50.000 soles que le entregó en un sobre manila a Wilfredo Becerril, “quien me dice tenemos que cuadrar la otra obra de la avenida Nacionalismo, que había gestionado su hermano Héctor Becerril”. Luego agrega: “En semanas sucesivas fueron entregados montos menores de 10.000 y 15.000 soles, en efectivo a Wilfredo Becerril”.
También Mirtha Gonzales Yep habló de un soborno de 120.000 soles a Wilfredo Becerril y otras dos personas. Pero esta empresaria también contó de los pagos que hizo con su tarjeta de crédito por una suma de 48.000 soles, en la tienda Decor Center, en abril del 2018, para comprar porcelanato italiano para la vivienda de Héctor Becerril, en La Libertad.
Esta empresaria se acogió a la colaboración eficaz que, según detalló su exabogado Percy Panta a este diario, ya fue aprobada judicialmente e incluso pagó una reparación civil.
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Héctor Becerril se presentó en una audiencia que recién se realizó el 6 de octubre en la SAC y rechazó todo los cargos. Sin embargo, el fiscal Hernán Mendoza recordó que ya hubo un fallo judicial de impedimento de salida del país que validó los elementos de convicción. El abogado pidió a los legisladores acoger la denuncia. Sin embargo, el Congreso ahora está a un paso de oficializar el blindaje.
Si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprueba este informe, la Fiscalía estará atada de manos en el caso Becerril.