El 5 de octubre, el congresista de Perú Libre Waldemar Cerrón presentó un proyecto de ley que busca reconocer a los partidos como organizaciones de interés público y su “no criminalización”. En su punto 4, propone de manera concreta que “cuando uno o varios de los militantes, afiliados o fundadores de una determinada organización política estén inmersos en una investigación por cualquier hecho delictivo, deben ser individualizados” y “sin responsabilizar a las organizaciones políticas como personas jurídicas de interés público”.
De acuerdo con el exprocurador Antonio Maldonado, el proyecto en cuestión, precisamente en ese punto 4, contradice la Ley 30997 de agosto de 2019, la cual modificó el Código Penal al incorporar el delito de financiamiento ilegal de partidos y de campañas políticas. Esta norma fue aprobada en el Congreso antes de las elecciones Legislativas de 2020.
Maldonado añadió que la iniciativa de Cerrón -y de otros colegas suyos de Perú Libre-, cuyo propósito es “de blindar a los partidos políticos, empezando con el suyo”, termina obviando que, en la actual coyuntura, hay una relación cada vez más cercana entre las organizaciones criminales y los partidos políticos.
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Efecto. Renovación Popular podría beneficiarse del proyecto. Foto: difusión
“En su mayor parte, no son más que cascarones que cumplen con las formalidades de mínima supervisión, pero que su comportamiento, junto al de sus líderes, está cada vez más cercano o es, de facto, criminal o delictivo”, dijo.
El proyecto ha sido derivado a las comisiones de Constitución y a la de Justicia.
Junto a Cerrón han firmado sus colegas de bancada María Antonieta Agüero, Flavio Cruz, María Elizabeth Taipe, Milagros Rivas y Margot Palacios.
Fuera del interés que parece haber en los legisladores de Perú Libre, una ley de esta naturaleza también beneficiaría a otras organizaciones, como Fuerza Popular y Renovación Popular. Sobre este último, hay que recordar que el Poder Judicial ordenó que el partido Solidaridad Nacional -hoy Renovación Popular- sea incorporado como persona jurídica en la investigación preparatoria al congresista José Luna Gálvez y otros como parte del caso Lava Jato.
El exprocurador César Azabache indicó que el proyecto “busca construir inmunidades a favor de organizaciones políticas”. Añadió que no encuentra “ninguna referencia que hoy en día esté intentando construir una inmunidad semejante en favor de ninguna entidad jurídica de ningún tipo”.
"Todas las tendencias que observo van en sentido contrario: la responsabilidad penal (bajo cualquier nombre) de las empresas y de las personas jurídicas se está estableciendo con mucha fuerza y las cláusulas de prevención de corrupción y de la circulación de fondos ilegales de diferente tipo en organizaciones políticas, también", señaló.
Cabe señalar que en junio del año pasado, el mismo Waldemar Cerrón presentó un proyecto que buscaba lo mismo que el de ahora: reconocer a los partidos como asociaciones de interés público y su no criminalización. De acuerdo con la web del Parlamento, se quedó en la Comisión de Constitución.
Intención. El proyecto busca “promover la protección e intangibilidad” de “bienes y activos” de los partidos cuando uno o varios de militantes, afiliados o fundadores estén inmersos investigaciones fiscales o sean condenados por cualquier tipo de delito.
Este es el proyecto que pretende que los partidos políticos no puedan ser “criminalizados”. En el fondo, se buscaría blindarlos.