Congreso: este martes 3 continúa investigación sumaria contra miembros de la JNJ

La Comisión de Justicia del Congreso de la República continuará —este martes 3 de octubre— con la investigación sumaria contra los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con riesgo de remoción. De acuerdo a lo programado, acudirán cuatro abogados constitucionalistas y dos penalistas para ofrecer su opinión sobre los alcances de los temas considerados en la moción de orden del día 7.565, la cual generó este proceso.

Los abogados citados a la sala María Elena Moyano, desde las 9.00 a. m., son Ernesto Álvarez, Marianella Ledesma, Walter Albán, Beatriz Ramírez Huaroto, Cristian Salas y Mario Amoretti, estos 2 últimos en su calidad de expertos en materia penal.

La comisión presidida por la congresista de Perú Libre, Janet Rivas, tiene un plazo de 14 días hábiles para que su equipo técnico elaborar el informe. De aprobarse en la Comisión de Justicia el documento, este deberá ser presentando a Mesa de Partes del Congreso de la República.

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Ya en esta instancia, queda a la espera de que entre en la agenda del Pleno. Esto podría verse en una reunión del Consejo Directivo o también por la Junta de Portavoces. Dependerá de cómo el Parlamento prioriza este tema.

En tanto, de acuerdo al Reglamento del Congreso, para aprobarse la remoción de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia se requiere una votación de los 2/3 del Parlamento, en la práctica se trataría de 87 votos. Si se votará cada caso por separado o todo junto, dependerá de cómo se trate el tema previamente en la Comisión de Justicia.

CIDH advierte un golpe a la independencia judicial

A fines de setiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la investigación sumaria emprendida por el Congreso de la República contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia y advirtió que una eventual remoción de sus integrantes, sin respetarse el debido proceso, debilitará la independencia judicial del Perú.

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En tanto, la CIDH reconoce la facultad del Perú de ejercer un control político sobre las instituciones, pero recalca que “todos los procedimientos que puedan conducir a la destitución de personas operadoras de justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso”.