Con la aprobación de tres investigaciones de oficio —por unanimidad, con 17 votos— contra Alejandro Soto, presidente del Congreso de la República, a nivel de la Comisión de Ética Parlamentaria, se abre una nueva etapa. El titular de este grupo, Diego Bazán, informó que el plazo establecido para la entrega de los últimos informes será entre fines de noviembre e inicios de diciembre del 2023, por lo que las acusaciones seguirán todo un proceso durante los próximos tres meses.
Ética se centrará en las presuntas faltas éticas cometidas por Alejandro Soto en el ejercicio de sus funciones como congresista. Por ello, solo se abrieron procesos de indagación contra estos tres casos: el haber contratado a su cuñada Yeshira Peralta como trabajadora de su despacho, el haberse beneficiado con una ley por la que él votó a favor en el Pleno y las entregas de dinero de sus trabajadores para financiar publicidad a su favor.
“Hay que tener en cuenta que nosotros hemos presentado el tema de oficio para los temas que realmente podemos abordar. Los que no hemos visto hoy (jueves 31) no corresponden porque se dieron antes de que sea congresista. No es falta de voluntad, cualquier congresista puede presentar su denuncia”, dijo Diego Bazán tras culminar la sesión extraordinaria.
Tras la apertura de las investigaciones de oficio, la Comisión de Ética ingresa a la fase de proceso de indagación, que puede durar entre 20 días y 1 mes. Entre este tiempo, los parlamentarios analizarán si amerita el inicio de un proceso de investigación y, producto de ello, se elaborará un informe de calificación que deberá ser votado en la comisión.
De aprobarse el informe de calificación —lo cual podría ocurrir a fines de setiembre o inicios de octubre—, se iniciaría la etapa de investigación. Aquí, eventualmente, podrán citarse a la Comisión de Ética a algunos de los involucrados para que rindan su manifestación. Tras ellos, se preparará un informe final que deberá ser presentado y votado a fines del 2023, antes del término de la actual legislatura.
De acuerdo con el Reglamento del Congreso, la Comisión de Ética tiene como máxima sanción la prerrogativa de sugerir una “suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de haberes hasta por 120 días de legislatura”. También puede emitir una recomendación pública, amonestación escrita o amonestación escrita pública con multa. Para todos los casos, el informe final debe ser aprobado en una votación en la que se requiere una mayoría simple de los presentes.
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Tras conocerse las primeras denuncias contra Alejandro Soto, las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre y Avanza País han respaldado al presidente del Congreso y se oponen a su censura. Estas 4 fuerzas políticas concentran 9 votos, los cuales, en la práctica, representan el 50% del total de integrantes. De alinearse, podrían bloquear una eventual sanción.