Ha sido calificado como un nuevo intento de impunidad parlamentaria el proyecto de ley N° 5251/2022-CR, que tiene como autor principal al congresista José Luna Gálvez, quien mediante esta iniciativa eleva los votos para la suspensión de los parlamentarios.
El proyecto de Luna tiene el nombre de “Resolución Legislativa que garantiza la presunción de inocencia, y la voluntad popular en el supuesto de suspensión del congresista de la República por aprobación de acusación constitucional, ante la presunta comisión de delitos” y busca modificar el segundo párrafo del literal i) del artículo 89 del Reglamento del Parlamento.
Actualmente, el acuerdo aprobatorio de suspensión requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de la Comisión Permanente. El proyecto de ley de Luna dice que “requiere la misma votación que el supuesto de suspensión por infracción a la Constitución”. Con ello se incrementan los votos para la suspensión de la mitad más uno a los 2/3 de los congresistas (87).
Asegura que “ello garantizará que los legisladores faciliten la aprobación de la acusación constitucional por la presunta comisión de delitos, derivando todo al Ministerio Público y al Poder Judicial para las investigaciones correspondientes, evitando la impunidad, sin que se vean necesariamente obligados a votar —también— por la suspensión”.
El proyecto de Luna dice que busca “preservar la voluntad ciudadana política y los resultados electorales, ya que cuando se suspende a un parlamentario por la presunta comisión de delitos, se convoca al accesitario de este, distorsionándose los resultados electorales”.
Con la intención de defender la presunción de inocencia, dicho proyecto considera que los parlamentarios no deben dejar su cargo, aunque el Pleno los acuse por delitos y es posible que se apruebe la acusación constitucional y no sean suspendidos en sus funciones.
Por más impunidad La politóloga Paula Távara advierte que “este proyecto de ley tiene un objetivo vinculado al ánimo de supervivencia de los parlamentarios en sus puestos, pues dificultar la suspensión les permitiría un nivel de impunidad para continuar ejerciendo el cargo a pesar de estar acusados por graves infracciones”.
Consideró que se vuelve “garantía de una mayor horadación de la calidad de nuestro Parlamento, garantía de mal uso de los fondos públicos (pagando un sueldo público a personas que posiblemente han cometido delitos) y, en cierto nivel, garantía de impunidad”.
La politóloga Katherine Zegarra de la PUCP dijo que “la frase otorongo no come otorongo se puede entender en el hecho de que muchos parlamentarios buscan proteger a sus compañeros del Congreso de medidas de acción disciplinaria y de acceso a la justicia ante delitos”.
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Explicó que lo que está intentando realizar Luna es “dificultar que los parlamentarios puedan ser acusados constitucionalmente, pues busca incrementar el número de votos para que eso suceda y con ello genera impunidad en el mal nombrado derecho al principio de inocencia”. El analista político Alonso Cárdenas sostuvo que este proyecto está terminando con la poca institucionalidad que queda.
“Hay una escalada de iniciativas que apuntan a la impunidad. Siendo el Congreso una institución tan desprestigiada es sumamente sospechosa esta iniciativa que utiliza la presunción de inocencia para protegerse de la suspensión. Este proyecto favorecería a los que tienen denuncias pendientes y uno de ellos sería el congresista José Luna”, manifestó.
Bancada Podemos Perú busca elevar a 87 los votos para suspensión de congresistas.