Congreso. La Comisión de Fiscalización reprogramó para hoy, 1 de marzo, la sesión suspendida por la ausencia virtual de Pedro Castillo. Aquella vez, el expresidente pidió presentarse presencialmente, pero su solicitud fue denegada. Quien fue maestro de escuela rural es investigado en la mesa de trabajo por la supuesta corrupción de proyectos de inversión habilitados en el Decreto de Urgencia N.° 102-2022. Las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín se habrían beneficiado con el direccionamiento.
Ante la ausencia del expresidente y su letrado defensor, Hugo Chang, administrador del penal de Barbadillo, declaró ante la Comisión de Fiscalización: "Señor presidente, el interno (Pedro Castillo) no va a participar en su audiencia. Tampoco lo hará su abogado".
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El exburgomaestre de Anguía José Nenil Medina Guerrero optó por no responder las preguntas de la Comisión de Fiscalización. Se apegó al derecho constitucional a guardar silencio.
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Ni Eduardo Pachas ni Pedro Castillo se presentaron remotamente en la Comisión de Fiscalización. En cambio, José Nenil Medina Guerrero, exalcalde de Anguía, cumplió con su aparición en la mesa de trabajo que preside el fujimorista Héctor Ventura.
Además de José Pedro Castillo Terrones, se requirió la presencia virtual de José Nenil Medina Guerrero, exalcalde de Anguía, provincia de Chota.
Ante la negativa de asistencia, la subcomisión liderada por Lady Camones (Alianza para el Progreso) decidió enviar al penal de Barbadillo un pliego de preguntas para Pedro Castillo.
“Me abstengo a declarar, al amparo del artículo 170, numeral 6, del NCPP, al ser una pregunta capciosa, ya que no se puede determinar si mi respuesta es como imputado y testigo. Igualmente, según el artículo 139.2 de la Constitución, señala que no se puede avocarse autoridad ante un proceso que ya se encuentra judicializado (sic)”, respondió el exmandatario.
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El último 15 de febrero, tanto la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como la Comisión de Fiscalización pidieron la presencia virtual del exsindicalista por diferentes presuntos ilícitos.
El abogado Eduardo Pachas, nuevamente a cargo de la defensa del expresidente, alegó problemas de conexión desde el penal de Barbadillo, Ate. Como en ocasiones anteriores, solicitó el traslado del ahora reo al inmueble del Congreso, pero los parlamentarios se negaron.
La hipótesis del grupo encabezado por Héctor Ventura (Fuerza Popular) es que Castillo Terrones fue líder de una presunta "organización criminal familiar" mientras estuvo en Palacio de Gobierno. Sus cómplices habrían sido su esposa, Lilia Paredes Navarro, y su hija putativa, Yenifer Paredes Navarro, entre otros funcionarios.
Ventura enfatizó la obligación de asistencia recaída en el expresidente, sobre todo porque "ya no cuenta con antejuicio político". De no hacerlo —según el propio parlamentario— podría ser denunciado por desacato.