Congreso: Mesa Directiva se va con beneficios por 6 meses más

El cuatro de julio de este año, la saliente presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, firmó el acuerdo nº 110-2021-2022/MESA CR, en el que se establece que los integrantes de la Mesa Directiva mantendrán sus beneficios hasta seis meses después de haber dejado el cargo.

Los beneficios mencionados constan del resguardo de un suboficial de la Policía, uso de un vehículo y el correspondiente de combustible, además de chofer, por cada congresista de la Mesa.

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Si bien estos beneficios fueron aprobados en el 2009, en el 2019 fueron derogados por la gestión de Daniel Salaverry.

La primera vicepresidenta, Lady Camones, solicitó que se retire su firma de dicho acuerdo. Además, renunció a dichos beneficios por “no considerarlos necesarios para su persona”. Por otro lado, el congresista Enrique Wong, segundo vicepresidente, declaro: “Si los anteriores se beneficiaron, ¿por qué nosotros vamos a renunciar?”.

El Parlamento emitió un comunicado oficial en el que justifica la decisión de Alva de restituir los beneficios. “La reposición de este acuerdo responde a las amenazas de muerte recibidas por la presidenta del Congreso y la tercera vicepresidenta conocidas públicamente”, indica el documento.

Al respecto, el ex oficial mayor del Congreso y especialista en derecho parlamentario César Delgado afirma que, si bien es la restitución es legal, “la cuestión es de ética pública”.

“Si no hay circunstancias que ameriten el restablecimiento de estos beneficios, la decisión carecería de legalidad. Y si no hay una necesidad inminente en esa decisión, esta constituiría un exceso y una imprudencia política porque induce a la agudización del desprestigio del régimen representativo en nuestra república”, añade el especialista.

La congresista Ruth Luque manifestó su disconformidad por dicho acuerdo y precisó que debió ser consultada en otras instancias del Parlamento, como la Junta de Portavoces.

La palabra

César Delgado, abogado parlamentario

“Debe aclararse la verosimilitud de la amenaza, no desde el punto de vista legal, sino ético y político. La anulación de beneficios solo podría emanar de una instancia judicial”.