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Política

Adrianzén versus Adrianzén: Cuando el premier apoyaba la detención preliminar

En el 2018 estuvo de acuerdo con su aplicación pero en la actualidad muestra reparos. Hasta ahora el Gobierno no promulga la restitución de esta figura aprobada en el Congreso.

larepublica.pe
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

Cuando se dictó la detención preliminar por diez días de Keiko Fujimori en el año 2018, el actual presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, fue entrevistado en TV Perú. La conductora le pidió una opinión al respecto y este respondió de manera tajante: “Yo creo que los fiscales a cargo tienen razones suficientes para pensar que la señora en libertad podría evadirse, podría obstruir la justicia, podría evitar colaborar”.

Luego, se le consultó si habría algún peligro de fuga. Afirmó: “Sí, sin duda alguna. Y esas son las razones por las que inmediatamente, para evitar que se sustraiga del alcance de la justicia, dictan la detención preliminar. No olvidemos que la señora tiene un esposo norteamericano, podrían viajar fuera del país para eludir esta responsabilidad”. La posición de entonces del premier –han pasado seis años– y la de ahora contrastan de manera evidente. El Gobierno de Dina Boluarte sigue sin promulgar la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia. Esta iniciativa fue aprobada en el Congreso y exonerada de segunda votación en una sesión plenaria que se extendió hasta la madrugada del sábado 14. Sin embargo, para que esté vigente tiene que ser promulgada.

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Lo puede hacer el Ejecutivo o el propio Legislativo, si el primero opta por no hacerlo dentro de un plazo de quince días.

El Congreso, presionado por la opinión pública y las instituciones del sistema de justicia, tuvo que enmendar y restituir la figura de la detención preliminar que había sido eliminada en una contrarreforma. Se esperaba que la promulgación sea inmediata. No ha sido así. Es algo que llama a sospecha porque justo en estos momentos el vocero presidencial, Fredy Hinojosa, se encuentra inmerso en una investigación del Ministerio Público en el contexto del caso Qali Warma. En el actual estado de cosas, no podría ser detenido de manera preliminar.

En una conferencia de prensa del Consejo de Ministros, a la pregunta de por qué la demora en la promulgación, Adrianzén mostró su incomodidad. Dijo que estaban “dentro de los plazos legales”, que se trataba “de un tema absolutamente delicado” y que, desde el Ejecutivo, no querían “precipitarse” y “tomar una decisión que eventualmente no sea la más correcta”.

Justificaciones

En la conferencia de prensa del miércoles del Consejo de Ministros, a la pregunta de por qué la demora en la promulgación, Adrianzén mostró incomodidad.

El titular de la PCM dijo que estaban “dentro de los plazos legales”, que se trataba “de un tema absolutamente delicado” y que, desde el Ejecutivo, no querían “precipitarse” y “tomar una decisión que eventualmente no sea la más correcta”.

En la mencionada entrevista ofrecida a TV Perú, ante la consulta de si en la detención preliminar contra Keiko Fujimori podría vislumbrarse alguna violación al debido proceso o a los derechos humanos, Adrianzén señaló, con voz segura: “No, yo no encuentro, por lo menos de lo que trasciende hasta el momento, que haya ningún quebrantamiento a ninguna disposición legal y menos de derechos humanos. Me parece más bien que esto está perfectamente en el marco de la investigación preliminar que se viene llevando a cabo”.

Es más, el hoy premier insistió que la detención preliminar ordenada contra la lideresa de Fuerza Popular tuvo que pasar previamente “por la solicitud de un fiscal y la aprobación de un juez”.

Cabe señalar que conocidos los allanamientos por el caso Qali Warma, Adrianzén señaló que el realizado al domicilio de Hinojosa le parecía “insólito y desproporcionado”.

En una conferencia de prensa del Consejo de Ministros, a la pregunta de por qué la demora en la promulgación, Adrianzén mostró su incomodidad. Dijo que estaban “dentro de los plazos legales”, que se trataba “de un tema absolutamente delicado” y que, desde el Ejecutivo, no querían “precipitarse” y “tomar una decisión que eventualmente no sea la más correcta”.

Adrianzén había dicho que el allanamiento al domicilio de Hinojosa que le parecía “insólito y desproporcionado”.