El 70% de coroneles operativos que postulan a general son afectados por nueva ley del Congreso
Necesaria rectificación. Una norma aprobada por el Congreso se está aplicando en el actual proceso de promoción de grados sin haber sido reglamentada como corresponde, afectando con descuento de puntajes a los efectivos que cumplen funciones en la calle, pero que beneficia a los que desempeñan labores de oficina. Los afectados demandan que se evite lo que interpretan como una discriminación.
Un total de 265 coroneles aptos para el grado inmediato superior disputan 25 vacantes otorgadas por el Comando Policial para el grado de general. Sin embargo, el 70% de los oficiales que provienen de unidades operativas están en desventaja respecto a sus compañeros que laboran en oficinas administrativas, debido a una ley aprobada por el Congreso que aún no ha sido reglamentada.
De acuerdo con el artículo 35° de la ley que regula los procesos de ascensos del personal de la Policía Nacional, fechada en noviembre del 2023, el factor de aptitud disciplinaria para oficiales y suboficiales de armas y servicios, se obtiene del promedio de las notas anuales de disciplina registradas en el grado con el que se presenta el efectivo en el proceso.
En el caso de los oficiales candidatos al grado de general, según la misma norma, se consideran las sanciones de todos los años de la carrera policial. Es decir, que las amonestaciones adquiridas desde el grado de alférez serán computadas como demérito en las evaluaciones de aptitud disciplinaria.
La ley también precisa que anualmente un oficial de la Policía Nacional inicia su carrera policial con 100 puntos, que disminuye en relación directa a las sanciones que se le imponen al año, conforme al régimen disciplinario de la PNP. Esto significa que la sanción debe ser descontada en el año que se le impuso para que al siguiente el efectivo policial pueda empezar nuevamente con 100 puntos.
Hecha la ley...
Este aspecto de la ley afecta más a los oficiales operativos que a los administrativos, porque los primeros pasan mucho más tiempo en la calle y son más pasibles a recibir sanciones, en comparación con los segundos que no corren riesgo alguno porque no salen de sus oficinas.
“En la práctica, esa ley es discriminatoria porque premia al oficial que no arriesga nada y afecta al que todos los días se arriesga. En consecuencia, los coroneles que son operativos son los más perjudicados en comparación con los otros coroneles que toda su vida se han cuidado y han laborado en unidades administrativas”, explicaron fuentes policiales.
El martes 29 de octubre de este año, la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional publicó en su página institucional la nota del factor disciplinario de los 265 coroneles que postulan al proceso de ascenso “Promoción 2025”. Según los resultados, el 70% son perjudicados al aplicarse la ley aprobada por el Congreso.
Pese a los reclamos de los coroneles afectados, y a que la mencionada ley no está reglamentada, la Junta Selectora presidida por el director de Recursos Humanos de la Policía Nacional, general PNP Raúl Silva Olivera, decidió aplicar el factor disciplinario, como una fórmula usada por el Ejército.
Los que salen ganando
De acuerdo con la tabla del factor disciplinario del Ejército, si un oficial fue sancionado durante sus primeros cinco años, su demérito será 3 puntos menos. Si la amonestación es de 6 a 8 años, se le descontarán 1.5 puntos. Y si tiene 9 años o más, se le restará 0.75 de puntaje.
La Junta Selectora adaptó la misma fórmula del Ejército, pero con diferente puntaje en el factor disciplinario del proceso de ascenso en la Policía Nacional.
Por ejemplo, si durante los cinco primeros años el oficial fue sancionado, se le restará 8 puntos. Si es de 6 a 8 años, se le descontará 4 puntos. Y si es 9 años o más, no tiene puntaje.
“Esa ley está mal hecha porque la Policía Nacional no cumple las mismas funciones que las Fuerzas Armadas. Esa ley es un copia y pega del Ejército”, explicaron las fuentes.
Además, la Junta Selectora no ha tomado en cuenta que en el año 2000 una sentencia del Tribunal Constitucional disolvió el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional de esa época, debido a que anteriormente la sanciones se elevaban diez veces más, originando un abuso y violación a los derechos del efectivo policial que estaba en carrera.
“De oficio la institución policial debió anular esos tipos de papeletas que han sido impuestas con esa ley, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional”, precisaron las fuentes.
Un grupo de coroneles candidatos al grado de general –cuyas identidades se mantienen en reserva para evitar represalias–, indicaron a La República que los méritos y deméritos deben ser aplicados a un oficial en el grado que postula y no atribuirles las sanciones adquiridas desde el grado alférez.
“El objetivo es sacar ventaja y dejar sin carrera a oficiales operativos. Esto es un acto abusivo y de corrupción para apoyar a oficiales que nunca se fajaron en la lucha contra el crimen organizado. Quieren aprovecharse de los oficiales operativos, que en su mayoría ha sido sancionados precisamente por su función”, señalaron las fuentes.
Anteriormente, el proceso de ascenso para el grado de general en la Policía Nacional era por selección. Sin embargo, al entrar en vigencia la nueva ley, ahora será por concurso.
Aprovechando la oscuridad
Por otro lado, entre el 6 de septiembre y el 31 de octubre de 2024, en la llamada “noche de brujas”, el jefe de la Dirección de Recursos Humanos, general PNP Raúl Silva Olivera, emitió dos resoluciones directorales que favorecen a alrededor de 161 oficiales (coroneles, comandantes, mayores, capitanes, teniente y alféreces de armas y de servicios), que postulan al grado inmediato superior. Los exoneró a todos del examen físico (carrera, natación) y tiro.
De ese total, 35 son del grado de coroneles, 46 comandantes, 34 mayores, 35 capitanes, 9 tenientes y 2 alféreces. Mientras que otro grupo de 28 oficiales fueron desestimadas sus solicitudes de exoneración de dichas pruebas.
Según fuentes policiales, las exoneraciones del examen físico y tiro están respaldadas con un informe médico otorgado por la Sanidad de la Policía Nacional, donde se especifica las enfermedades o lesiones que hubiera sufrido el efectivo durante el tiempo de su carrera policial.
Un claro ejemplo es el caso del jefe de la División de Investigación criminal de Trujillo, coronel PNP Víctor Revoredo Farfán, un oficial conocido como cazador de homicidas, extorsionadores y sicarios, candidato al grado de general. Revoredo ha sido exonerado del examen físico y tiro debido a que sufrió una violenta caída durante una intervención policial.
Sin embargo, fuentes con conocimiento en el tema indicaron que hay oficiales exonerados en dicho examen por haber jugado fulbito en su día de franco y otros que simplemente están subidos de peso.
Este gran número de oficiales que resultó exonerado para el examen físico (que concierne a las disciplinas de carrera, natación y tiro) llamó la atención del ministro del Interior, Juan Santiváñez, quien inmediatamente advirtió a la Comandancia General de la Policía Nacional.
Le pidió que hiciera las verificaciones necesarias a fin de salvaguardar la meritocracia en el proceso de ascensos Promoción 2025.
Mediante un oficio con fecha sábado 2 de noviembre de este año, dirigido al comandante general de la PNP, teniente general Víctor Zanabria Angulo, el ministro Santiváñez señaló que “la Junta de Ascensos evalúe las limitaciones en la capacidad de rendir las referidas pruebas de los oficiales contenidos en la resolución directoral, así como están afectarían el servicio en futuros nombramientos y designaciones, así como restricciones en la proyección profesional de los postulantes”.
Despiece
Mininter pide verificar las exoneraciones
● El ministro Juan Santiváñez comunicó al comandante general de la Policía Nacional que debe regirse por la meritocracia e idoneidad, por lo que debe asegurarse de que no se pongan limitaciones para la rendición de los exámenes.
● El titular del Ministerio del Interior también ha solicitado que se verifique que los oficiales con cargos de comando –que han sido exonerados de las pruebas físicas y de tiro por razones de salud bajo el argumento de que tienen limitaciones–, efectivamente las padecen como lo han declarado.
