La Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior busca determinar la responsabilidad penal del actual comandante general de la Policía Nacional, teniente general PNP Víctor Zanabria Angulo, señalado por la Contraloría General de la República como responsable de presuntas compras ilícitas cuando ocupó la Dirección de la Escuela Nacional de Formación Profesional de la Policía Nacional (ENFPP), entre febrero de 2022 y diciembre de 2023.
El teniente general Zanabria aprobó la adquisición de S/42 millones en indumentaria y mobiliario para los alumnos de las escuelas policiales de forma directa, sin convocar a licitación, pretextando una supuesta situación de emergencia por desabastecimiento.
En el mismo caso también están implicados 13 oficiales y suboficiales de la PNP, entre los que figuran un general ahora en retiro, dos coroneles, tres comandantes, un mayor, tres capitanes y tres brigadieres de la Policía Nacional. Además de 5 servidores civiles (ver recuadro). La Oficina de Asuntos Internos del Mininter también establecerá la responsabilidad penal de cada uno.
La Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior inició el caso a solicitud de la Contraloría, luego de emitir una auditoría que recomienda activar acciones legales contra los 19 involucrados. A estos se les atribuye haber alterado las especificaciones técnicas de las adquisiciones con la presunta finalidad de favorecer a empresas proveedoras de zapatos, indumentaria deportiva, colchones, roperos y otros componentes destinados a los alumnos de las escuelas de formación de la Policía Nacional. Para cumplir con este cometido de favorecimiento, se aplicó la modalidad de las compras directas.
Las contrataciones directas cuestionadas son las siguientes:
-27 de junio 2022 por S/ 17,666,631.
-21 de septiembre 2022 por S/ 862,714.
-10 de octubre de 2022 por S/ 23,741,435.
-4 de noviembre de 2022 por 1,521,007.
En estas adquisiciones por S/ 42,270,781 se hicieron de manera directa sin sustento, concluyó la Contraloría.
Y dentro de estas compras, fueron detectadas presuntas irregularidades en adjudicaciones a favor de las empresas Inversiones San Benito de Palermo, Consocio Santa Isabel-Samper Simul, Confecciones Galindo, Mobilia Industrial y Corporación Marlyc, por S/16.8 millones.
Al teniente general Víctor Zanabria se le imputa haber transgredido la Ley de Contrataciones del Estado por alegar un falso desabastecimiento y por cambiar las características de las fichas técnicas, con la finalidad de favorecer a compañías que tenían antecedentes por incumplimiento.
Compraron zapatos y uniformes de baja calidad con precio sobrevalorado, afectando a los alumnos policiales.
La República solicitó la versión del teniente general Zanabria, pero hasta el momento no se ha recibido contestación.
El 9 de mayo de 2022, mediante una orden telefónica, el teniente general Víctor Zanabria convocó a una reunión urgente vía zoom a todos los directores y jefes de administración de la Escuela de Oficiales de la PNP y de las Escuelas Superiores Técnicas de todo el país, para que reporten sus requerimientos de uniformes y mobiliario para los cadetes y alumnos de la Promoción 2022.
La reunión estuvo presidida por el jefe de la División de Administración de la ENFPP, coronel PNP Luis Cancela, brazo derecho de Zanabria. Cancela ordenó que en un breve plazo se remitan los pedidos de cada escuela de formación para la ejecución de los contratos, sin contar con la indagación de un estudio de mercado.
Según el Manual de Uniformes de las Escuelas de Formación Profesional Policial, el vestuario de los cadetes y alumnos no pueden ser modificados en el diseño, tela, color y características de los uniformes. Sin embargo, durante la gestión del general Victor Zanabria se hizo todo lo contrario, según la auditoría, para beneficiar a determinadas empresas.
Por ejemplo, el manual indica que el casacón y pantalón de faena debe ser de tela dril y de color verde azulino. Sin embargo, se compraron prendas y enseres confeccionadas con tela ripstop de baja calidad y de color gris oscuro.
Además, los zapatos, que según el Manual de Uniformes deben ser de cuero Charol Corfan tipo americano, fueron cambiados por un calzado 100% sintético. Se repitió lo mismo en los casos de los buzos de deportes, capotines, casacas, gorras, camisetas y maletines. Mediante esta práctica se hicieron compras sobrevaloradas, indica la auditoría.
Estos cambios se hicieron para favorecer a los proveedores, porque se les pagó por indumentaria y calzado de calidad, y entregaron productos de bajo rango, con lo que incrementaron sus ganancias.
Incluso fue contratado un laboratorio que no contaba con la acreditación del Instituto Nacional de Calidad (INACAL), para validar la alteración de la composición y el peso de las telas para los uniformes que inicialmente habían sido rechazadas porque no cumplían con las exigencias técnicas. Fue un enorme negocio.
LOS INVESTIGADOS