Elizabeth Zea no cumplía requisito para alto cargo en la Defensoría del Pueblo
Cambios a medida. Según hoja de vida, abogada tenía menos de dos años de experiencia en el sector público y no podía ser adjunta ni asesora II. Gutiérrez mutiló exigencias internas para poder contratarla.
La abogada Elizabeth Zea Marquina ha sido esquiva cuando fue preguntada sobre su experiencia previa en el sector público. La información era clave para saber si había sido favorecida con la eliminación de requisitos para ser designada en el alto cargo de adjunta constitucional de la Defensoría del Pueblo, con un sueldo de 14.000 soles.
“Lea la norma y publique lo que usted desee. No daré ninguna declaración”. Esa fue su respuesta, el 8 de setiembre.
La República accedió a la hoja de vida que Elizabeth Zea Marquina presentó ante la Defensoría para ser contratada a dedo. La documentación confirma que no alcanzaba el mínimo de años de experiencia previa en el sector público ni para ser asesora II ni para ser adjunta. Josué Gutiérrez, el defensor elegido por el actual Congreso, tuvo que modificar las reglas para allanarle el camino.
Cambios a la medida
En días previos a su designación, Elizabeth Zea realizó visitas al despacho de Josué Gutiérrez. El 31 de agosto se reunió con el defensor por cerca de quince minutos, según el registro público de visitas.
Al día siguiente, el 1 de setiembre, realizó una visita más prolongada, entre las 10:52 a.m. y las 12:45 del mediodía.
Ya para entonces, el 29 de agosto, la abogada había solicitado una constancia de trabajo a la universidad privada San Martín de Porres, donde presta servicios desde el 2013 como docente y directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo.
Pues bien, en simultáneo con las visitas, la Defensoría había iniciado internamente un proceso para reducir los requisitos para el acceso a altos cargos. La República accedió a la documentación.
El 31 de agosto, el jefe de Gestión y Desarrollo Humano, José Flores Centurión, envió el informe número 452-2023 al jefe de la Oficina de Planeamiento, Arturo León Anastacio.
En el documento, Flores le dice a León que, “en atención a la necesidad de la alta dirección, se propone actualizar los requisitos mínimos con los que debe contar el cargo estructural de adjunto/a”.
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Es decir, “la alta dirección”, representada por Josué Gutiérrez, había pedido “actualizar” los requisitos mínimos para los cargos de adjuntos.
José Flores incluyó una propuesta de una página y el cambio era básicamente la eliminación del requisito de cuatro años de experiencia previa en el sector público para ocupar el cargo de adjunto.
Apenas al día siguiente, el 1 de setiembre, el jefe de Planeamiento, Arturo León, emitió un informe dando su conformidad.
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El 4 de setiembre, la Oficina de Asesoría Jurídica, a cargo de José Alvarado Prialé, declaró procedente el cambio.
El proceso exprés culminó al día siguiente, el 5 de setiembre, cuando la Defensoría publicó la resolución de secretaría general 151-2023, que hace oficial la eliminación del requisito.
Doble ayuda
Publicada la resolución, al día siguiente, el 6 de setiembre, surge un nuevo documento en el que ya solicitan internamente contratar a la abogada Elizabeth Zea Marquina.
Se trata del memorando 452. Lo firma la primera adjunta encargada, Rina Rodríguez Luján, persona de confianza del actual defensor. En el documento, esta funcionaria hace dos pedidos: contratar a Elizabeth Zea como asesora II y designarla en el cargo de adjunta constitucional.
De manera célere, el 7 de setiembre, Josué Gutiérrez emite la resolución 071-2023, oficializando su contrato como asesora II y encargándole para ser la adjunta constitucional.
Ahora bien, según su hoja de vida, Elizabeth Zea Marquina solo acumula 19 meses de experiencia previa en el sector público (ver el cuarto documento). Es decir, no cumplía el mínimo de cuatro años para ser adjunta e hicieron el cambio para favorecer su contratación.
Pero poco antes hubo un cambio adicional que también favoreció a la abogada. El 26 de julio, la gestión de Josué Gutiérrez eliminó otro requisito: el mínimo de tres años de experiencia en el sector público para el cargo de asesor II.
Elizabeth Zea Marquina no cumplía los tres años mínimos en el sector público para el cargo asesora II ni menos acumulaba los cuatro años en el ámbito estatal para ser adjunta.
Josué Gutiérrez mutiló ambos requisitos de la normatividad interna de la Defensoría y solo así fue posible la designación de Elizabeth Zea Marquina en tan alto cargo.
Primer acto: 5 de setiembre. La gestión de Josué Gutiérrez emite la resolución 151-2023 y elimina el requisito de la experiencia previa de cuatro años en el sector público para el cargo de adjunto. Foto: La República
Segundo acto: 6 de setiembre. La primera adjunta encargada Rina Rodríguez emite el memorando 452-2023 y solicita contratar a Elizabeth Zea Marquina. Foto: La República
Tercer acto: 7 de setiembre. Josué Gutiérrez emite la resolución 071-2023 y designa adjunta en Derecho Constitucional a Elizabeth Zea Marquina. Foto: La República
Hoja de vida. Elizabeth Zea solo acumula 19 meses de experiencia en el sector público. No cumplía con cuatro años previos para adjunta ni tres años para asesora II. Josué Gutiérrez relajó los requisitos para facilitar su contratación. Foto: La República
