Shimon Shetreet: “Los poderes políticos como el Congreso no pueden controlar a los órganos judiciales”
El profesor israelí, quien es presidente de la Asociación Internacional de Independencia Judicial y Paz Mundial, aseveró que es antidemocrático que el Poder Ejecutivo y Legislativo busquen un dominio sobre el tercer poder del Estado, dado que esta acción viola la autonomía y rompe con la independencia que existen entre sí.
Conversamos con el profesor israelí Shimon Shetreet quien estuvo de visita en el Perú para el Congreso Mundial de Derecho Procesal. Su experiencia en temas de independencia judicial y debido proceso a nivel internacional ayuda, sin duda, a descifrar lo que ocurre en nuestro país.
—Últimamente en el Perú, sobre todo en lo político, el debido proceso no se respeta. ¿Cómo un ciudadano de a pie debe entender el debido proceso?
—Para un ciudadano, el debido proceso puede llegar a ser la vida entera. Puede estar en procedimientos criminales, disputas familiares, vecinales, compañeros, socios. En la razón que da sentido a la justicia, imparcialidad e independencia en las cortes. Significa que existen reglas que son respetadas por las cortes y cualquier persona que ejerce poder. Sobre todo las autoridades son limitadas en su ejercicio del poder por los límites que impone el debido proceso. Es un principio fundamental para la justicia para evitar la corrupción.
—En el Perú, la independencia de los poderes del Estado está siendo desafiada por enfrentamientos legales entre organismos constitucionalmente autónomos. ¿Cuáles son los límites para entender la interferencia?
—La independencia judicial implica necesariamente que no existe mayor interferencia más que la ley. No por el poder político ni ningún tipo de presión legalista. Si alguna otra institución genera interferencia o extralimita sus poderes a través de la legalidad al Poder Judicial u otro organismo de control judicial y constitucionalmente autónomos, se viola la independencia. Si el Congreso o el Ejecutivo domina el poder sobre lo judicial, se habrá roto la independencia de poderes y, por supuesto, de los órganos judiciales.
—En su experiencia, ¿cuáles son los mayores aspectos que desafían el debido proceso y la autonomía judicial?
—Si el Congreso genera una ley para demostrar poder sobre algún órgano judicial o cualquier otro organismo que goce de autonomía constitucional, es una violación a las reglas democráticas, entendidas como democracia liberal. Muchos piensan que hablar de democracia es solo que existan elecciones libres, sin considerar otros aspectos. Si se violan derechos humanos y se abusa de la legalidad para violar la autonomía judicial u otras autonomías, se violan los valores democráticos; por lo tanto, no se puede hablar de democracia. En todo caso, se podría hablar de una democracia iliberal o el inicio de un régimen autoritario.
— ¿Qué rol deberá cumplir la prensa en situaciones donde la autonomía institucional o judicial se ve amenazada?
—La prensa ejercida con independencia es fundamental para garantizar que no hayan abusos y denunciar oportunamente lo que atente contra los valores democráticos liberales. Es muy importante que la prensa no esté controlada por el poder político y goce de independencia.
—¿Ha observado situaciones que presenten este tipo de abusos antidemocráticos?
—Hablamos hoy de Gobiernos autoritarios como Polonia y Hungría. Después de su transformación de ser regímenes comunistas y convertirse en democracias, lamentablemente, cambiaron progresivamente. Siendo democracias empezaron a limitar todos los derechos que protegían la autonomía de los órganos relacionados al aparato judicial. Finalmente, los Gobiernos tomaron la prensa. Lo que hicieron fue reducir los años de retiro de jueces para deshacerse de aquellos magistrados que les resultaban incómodos para poner a sus propios jueces y poder controlarlos.
—Esto es exactamente lo que ocurre contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ahora y pasó de manera similar en Guatemala.
—Los modelos no son nuevos y se vienen haciendo desde hace varios años en los países que describo. Desafortunadamente, es un fenómeno global hoy que busca instaurar Gobiernos autoritarios atacando sistemáticamente a las instituciones del Estado y finalmente a la prensa.
—¿Por qué cree que sucede?
—En países como el Perú tiene que ver con lo reciente que es la democracia y, por tanto, lo débil que es la cultura democrática. Es un tema muy complejo.
—La estrategia es manipular la legalidad para controlar a las instituciones. Para usted, ¿cómo un administrador de justicia puede luchar frente a estas amenazas que terminan destrozando el Estado de derecho?
—Lo que describo no es solo una cuestión legal. Cuando hablamos de cultura legal en un país no solo podemos ver al juez, al abogado o a la ley. Los liderazgos políticos, la prensa también son parte fundamental en estos procesos. Para luchar contra estos atentados —que se dan paulatinamente, pero siempre hacia el mismo fin— es fundamental unificar a todas las fuerzas sociales del país con la finalidad de crear normas sociales y refuercen la cultura democrática. Si ya se abrió esa puerta, no se solucionará solo bajo vías legales.
En cualquier país, cuando hay independencia institucional no es solo porque la ley lo dice, sino porque hay un profundo convencimiento democrático de la clase política de que así debe ser para garantizar la supervivencia de la democracia. Hay algo que debe quedar entonces muy claro: los poderes políticos como el Congreso no pueden controlar a los órganos judiciales. En ese sentido, las Cortes como la JNJ en el Perú tienen el deber moral de proteger la independencia judicial en favor de los ciudadanos y la democracia. Es un gran desafío porque cuando se trata de resistir, normalmente estás en desventaja, por lo que se necesita del soporte movilizado de la sociedad civil organizada.
En el Perú la estigmatización y la represión han limitado muchísimo la movilización. ¿Qué les diría a los ciudadanos que ven esto con temor pero tienen miedo de protestar?
— En el Perú la estigmatización y la represión han limitado muchísimo la movilización. ¿Qué les diría a los ciudadanos y jueces que ven esto con temor?
—Debo decir que como académico soy muy respetuoso de los países. Pero luego de haber conversado con diversos colegas sobre lo que ocurre en el Perú, creo que hay suficientes razones objetivas para que la ciudadanía esté muy preocupada por el futuro de la democracia y sobre todo del Estado de derecho. En ese sentido, les diría que si no hay independencia judicial ni de las Cortes como la JNJ, no habría razones algunas ni siquiera para quejarse por abusos de municipalidades contra tu pequeño negocio, contra tu salud, contra tu vida. Y a los jueces, que sean valientes, que no tengan miedo de pronunciarse contra aquello que puede afectar a la democracia, porque es un deber público mayor. Un juez, fiscal o abogado no puede ser solo una persona que trabaja técnicamente en función de la ley. Debe ser, paralelamente, una persona con integridad y profundo respeto por los valores democráticos. Sin democracia no hay ley que valga. Sepan ver a su sociedad en tiempos de crisis para servirla adecuadamente
— ¿Qué les diría a los funcionarios públicos que ven amenazado el Estado de Derecho hoy?
Mi recomendación es que sean valientes, que no tengan miedo de pronunciarse contra aquello que puede afectar a la democracia, porque es un deber público mayor. Un juez, fiscal o abogado no puede ser solo una persona que trabaja técnicamente en función de la ley. Debe ser, paralelamente una persona con integridad y profundo respeto por los valores democráticos. Sin democracia no hay ley que valga. A los jueces y magistrados, traten de no ser solo abogados. Sepan ver a su sociedad en tiempos de crisis. En esos tiempos, los necesitan más que nunca. Un juez debe siempre servir a la sociedad.
