Lorenzo Córdova: “Hablar de fraude significa erosionar bases de confianza de un sistema democrático”
Abogado mexicano. Doctor de Investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín (Italia) y ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) de México (2014-2023), nos habla sobre la importancia de cuidar nuestros sistemas democráticos.
Por nueve años, Lorenzo Córdova estuvo al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) en México (equivalente a la ONPE). Esta semana llegó a Lima para participar en una mesa de reflexión sobre la independencia de los entes electorales. En las siguientes líneas, analiza los patrones de ataques contra los sistemas electorales en la región.
—De acuerdo con la Constitución mexicana, entiendo que la Cámara de Diputados elige a los miembros del Instituto Nacional Electoral (INE). ¿Cómo este diseño garantiza la independencia de esta entidad?
El modelo mexicano es biinstancial, que comprende el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral. El nombramiento es diferenciado. A los consejeros del INE los nombran con dos terceras partes de la Cámara de Diputados, a partir de quintetas presentadas por un comité técnico de selección con integración mixta.
—¿Y cómo eligen a los miembros del Tribunal Electoral?
El Tribunal Electoral lo integran siete miembros que son propuestos, por ternas, por la Suprema Corte y decididos también por dos terceras partes, pero, en este caso, del Senado. Ambos órganos tienen autonomía e independencia frente a los partidos y frente a los Gobiernos. Es un sistema que ha funcionado, aunque en los últimos años estas instituciones han sido sometidas al descrédito.
—¿Es posible determinar patrones de comportamientos en estos actos de descrédito?
Las descalificaciones de los órganos electorales solían verse, sobre todo, desde los contendientes que habían perdido las elecciones. Pero ahora el fenómeno nuevo es que estas descalificaciones, e incluso un ambiente de hostigamiento, son creadas desde el poder.
—¿Cómo se expresa el hostigamiento?
Yo creo que hay cinco grandes ejes. El primero es la descalificación de los árbitros, de los órganos electorales que, incluso, ha llegado a argumentar discursos de fraude. Tener un árbitro debilitado es siempre cómodo para quien está dispuesto a jugar eventualmente al límite. El segundo eje es el hostigamiento a quienes son los titulares de estos órganos. Es la descalificación a la persona, que incluso se traduce en un acoso que puede ser no solo verbal, sino físico y de violencia.
—Este tipo de ataques se dan en Perú. ¿Hay más situaciones así en la región?
Sí, yo mismo he sido objeto de acoso en este sentido. Hubo un candidato al que se le negó un registro por haber incumplido las normas de fiscalización, y que amenazó con irme a visitar con una turba a mi casa. Durante semanas tuve un ataúd…
—Nuevamente, similar a los ataques en Perú…
Exactamente. Bueno, acá llegaron a extremos con violencia. O también hay amenazas de juicio político o juicios penales. A mí me denunciaron penalmente por una decisión que tomamos en el colegiado. Un tercer eje es el acoso presupuestal. Es decir, decisiones de recortes que pueden llevar al grado de imposibilitar las capacidades institucionales para cumplir con nuestras funciones.
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—¿Qué otros patrones o ejes de ataque ha identificado?
Un cuarto eje es la amenaza o el cumplimiento de reformas electorales. Reformas para minar las capacidades institucionales. En México, el presidente planteó que los titulares del INE y del Tribunal Electoral fueran elegidos por el voto popular, como pasó en Bolivia con la corte constitucional. Es la mejor manera de politizar a estos órganos. Y el quinto eje es la cooptación de los órganos.
—En Perú actualmente se debate la opción de reformar la Constitución para que los titulares de los órganos electorales puedan ser objeto de juicio y antejuicio político…
Nadie tiene que estar fuera de los sistemas de rendición de cuentas, pero otra cosa es construir estos mecanismos para ser utilizados con fines políticos. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala que los titulares de los órganos electorales deben tener las mínimas garantías que, en un Estado democrático, tienen los jueces para cumplir sus funciones.
—Mencionaba que la narrativa del fraude surgió desde el mismo poder en México. ¿Qué otros ejemplos se han dado sobre este tipo de ataques?
Un ejemplo emblemático: Trump, que en el 2020, desde el poder, desde la presidencia, incluso desde antes de la campaña, empezó a construir la idea de que iba a haber un fraude. Jair Bolsonaro hizo lo propio un año antes de las elecciones presidenciales del 2022. En México, el presidente ha dicho que era necesaria una reforma para que dejara de haber fraude, cuando él mismo es el resultado de una elección con garantías institucionales y legales.
—En el caso peruano, los ataques no provienen del Ejecutivo, sino los hace la oposición. Sin embargo, hay pasividad del Gobierno frente a estos hechos.
No tengo claridad en el caso peruano, pero sí preocupa que haya quien deje, en el escenario político y social de nuestras democracias, permear estos discursos de descalificación de los árbitros e incluso de acusaciones de fraude.
—¿Qué buscan los actores políticos desde el poder con este tipo de ataques?
Me parece que estas narrativas, cada vez más frecuentes, tienen un solo propósito: sembrar en la sociedad un discurso para ser usado en caso de ser necesario. Empezar a hablar de fraude significa erosionar bases de confianza de un sistema democrático. Pero parece que estos jugadores con poco apego y lealtad democrática lo utilizan como una manera de lucrar políticamente.
—¿Qué consecuencias puede generar esta narrativa constante de supuestos fraudes?
Estados Unidos es un muy buen ejemplo de la gravedad, por ser un país donde nació la democracia moderna. La consecuencia de ese discurso es que esa historia acabó con el asalto del Capitolio, el 6 de enero del 2021. Fue el asalto a la institución que simboliza la democracia norteamericana. Eso es muy pernicioso.
