El ex primer ministro Pedro Cateriano consideró que existe un acuerdo tácito entre el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso con el objetivo de permanecer en el poder hasta 2026.
“Yo creo que hay un entendimiento político tácito y pragmático tanto del Gobierno como del Congreso para quedarse hasta el 2026, privilegiando sus intereses políticos y partidarios y dejando de lado el interés nacional. Lo que es evidente que hay es una acción política: no te toco, no me tocas”, dijo Cateriano.
Acotó que uno de los principales problemas de Boluarte es haber dicho al inicio de su mandato que se quedaría hasta el año 2026. “Decir que me quedo hasta el 2026 es uno de los problemas que la señora Boluarte ha tenido al comienzo de su gobierno”, aseveró.
De otro lado, se pronunció a favor de la bicameralidad y de la reelección congresal, pero consideró importante incorporar la fórmula de la renovación parcial del Parlamento.
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“La bicameralidad es una necesidad. El parlamento unicameral que creó Fujimori ha sido una desgracia para el país a lo largo de estos años. Estamos viendo hoy mismo cómo este Parlamento unicameral, simplemente, deja de lado el interés nacional y está ya solo trabajando por intereses políticos y personales. (…) Por eso, es importante incorporar la fórmula de la renovación parcial del Congreso”, señaló.
Sostuvo que, desde el fujimorismo, ha habido una campaña sostenida contra el bicameralismo y que esta es una de las razones por las cuales hay un rechazo contra este sistema de gestión parlamentaria.
Sobre la norma aprobada en primera votación para encargar el despacho presidencial a Boluarte —cuando la mandataria viaje al exterior—, comentó que “es un parlamento que no respeta claramente el orden constitucional”.
Respecto a los más de 40 fallecidos en las protestas durante la gestión de Boluarte, dijo que en democracia no puede haber muertos y que el país necesita conocer la verdad; asimismo, que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial deben encontrar a los responsables.
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“Es algo que también he exigido. El Gobierno tiene la obligación de decirnos la verdad. El Gobierno no puede lavarse las manos como lo ha hecho. Esa investigación se tiene que realizar y encontrar a los responsables desde el punto de vista penal; y esa es una responsabilidad del Ministerio Público y el Poder Judicial”, apuntó.
Sobre la denominada Ley mordaza, subrayó que “es una respuesta política del Parlamento a las denuncias de corrupción que ha hecho la prensa. Es una conducta censurable, condenable y antidemocrática del Parlamento”.
Agregó que le llama la atención que la comisión de constitucionalistas creada por el Gobierno no se haya pronunciado sobre “esta iniciativa inconstitucional del Gobierno, avalando un proyecto de ley que viola la Constitución”.