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Política

Alejandro Toledo a puertas de su extradición: ¿qué expresidentes cumplieron prisión en Barbadillo?

Justicia de Estados Unidos revocó su libertad bajo fianza. Tras dicha decisión, el camino hacia su extradición al Perú se acorta. El penal que lo albergaría en nuestro país sería el de Barbadillo, ubicado en Ate. Por tanto, se convertiría en el cuarto exmandatario en ser recluido ahí.

Expresidente en Barbadillo
Juez Thomas S. Hixson ordenó que expresidente se entregue a las autoridades estadounidenses este viernes 7 de abril a fin de que sea recluido en un centro penitenciario. Foto: diseño de Fabrizio Oviedo / La República

El día en que el expresidente Alejandro Toledo regrese al país para responder por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión por el caso Interoceánica está cada vez más cerca. El último miércoles 5, se conoció la decisión del juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, de revocar la libertad bajo fianza del exmandatario y ordenar que sea encarcelado en un centro penitenciario de Estados Unidos, mientras se espera su extradición al Perú. Tras ello, las autoridades peruanas anunciaron que sería recluido en el penal de Barbadillo tras pisar territorio nacional.

Este jueves 4, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello Alfaro, aseguró que el penal de Barbadillo cuenta con la capacidad para albergar a Alejandro Toledo una vez que se concrete la extradición de los Estados Unidos. Cabe resaltar que, finalmente, la Junta de Clasificación del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) determinará dónde será recluido el exlíder de Perú Posible.

“Hay espacio en Barbadillo para poder alojar a Alejandro Toledo (...) Depende de una junta, de un comité colegiado del INPE que determina dónde va cada recluso. Podemos inferir que sería Barbadillo, pero finalmente esta junta es la que se pronuncia e indica que tiene que ir a este penal, haciendo una valoración objetiva de los delitos cometidos, condición del recluso y todo lo demás”, declaró a RPP.

En tanto, Alejandro Toledo llegará al país para afrontar las investigaciones por presuntamente haber recibido una coima de más de 30 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de que esta empresa sea favorecida en la licitación de la obra de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica. Por esta razón, el Ministerio Público ha pedido 20 años y seis meses de cárcel contra Alejandro Toledo.

Penal de Barbadillo, la cárcel de los expresidentes

El penal de Barbadillo está ubicado dentro de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en el distrito de Ate Vitarte. Este es conocido por albergar a expresidente de la República. El caso más conocido es del exmandatario Alberto Fujimori, quien purga una condena de 25 años de prisión por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, las cuales tuvieron lugar durante su Gobierno. Es el único ex jefe de Estado recluido con una sentencia firme.

Otro caso más reciente fue el de Pedro Castillo Terrones, quien —tras su fallido intento de golpe de Estado del último 7 de diciembre del 2021— fue detenido en este centro penitenciario tras dictarse en su contra una orden de prisión preventiva de 18 meses mientras es investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. A fines de marzo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó una segunda medida cautelar en su contra de 36 meses por el presunto delito de organización criminal y otros.

El exmandatario Ollanta Humala Tasso estuvo recluido entre los años 2017 a 2018 en el penal de Barbadillo tras la decisión del Poder Judicial en su contra. Hasta la actualidad, él sigue siendo investigado por presuntamente haber recibido millonarias sumas de dinero de la constructora brasileña Odebrecht a fin de obtener beneficios durante su gestión, entre los años 2011 y 2016.

Finalmente, este centro penitenciario aguarda la llegada del expresidente Alejandro Toledo Manrique, cuyo proceso de extradición viene ingresando a su recta final.

El penal de Barbadillo también ha sido cuestionado por —desde la perspectiva de los ciudadanos— ofrecer cárceles doradas para los ex altos funcionarios de Gobierno, quienes son acusados por casos de corrupción, atentados contra la Constitución o la violación de derechos humanos.

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