De acuerdo con la encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en el mes de febrero para conocer la percepción de la población con respecto a las protestas en las calles contra el Gobierno de Dina Boluarte, el 58% de los entrevistados respondió que estaban identificados con estas expresiones de rechazo que vienen dándose en el país. Otro 39% mencionó no sentirse identificado. El resultado ha sido similar al mes de enero, en que 59% se identificó y 37% deslindó.
Existe una mayor identificación con las protestas en el ámbito rural (66%), luego en el ámbito urbano (62%). Y si nos remitimos a las macrozonas, el sur del Perú es el más identificado con los objetivos de las protestas sociales (71%). Tiene la misma postura 63% en el centro del país, 61% en el oriente y 58% en el norte.
Al revisar el aspecto etario, resulta que el 66% de encuestados que consideran válidas las protestas son ciudadanos de entre 25 a 39 años de edad. Las personas que no se identifican están en el rango de 18 a 24 años (42%) y de 40 años a más (42%).
Respecto al nivel socioeconómico de los entrevistados, el 63% de quienes expresaron su identificación con las protestas pertenecen al nivel D/E y 58% al nivel C.
Sobre la evolución de las protestas, el 40% de los encuestados cree que las protestas aumentarán, seguido del 29% que consideran que disminuirán. Un 22% indica que se mantendrán igual que hasta el momento.
48% de los que señalan que las protestas aumentarán están en el sur, 45% en el norte, 43% en el centro y 40% en el oriente. Además, 44% de quienes piensan que las protestas aumentarán pertenecen al nivel socioeconómico D/E.
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En cuanto a las consecuencias políticas de las protestas, el 55% considera que las protestas conseguirán que se adelanten las elecciones, otro 38% no lo cree así. Asimismo, 51% dice que las protestas lograrán que Dina Boluarte renuncie y el 44% no tiene la misma opinión. El nivel de aprobación y desaprobación que tienen la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, los resultados señalan un descenso considerable respecto a diciembre del año 2022.
En el caso de la PNP, la aprobación ha caído en 9 puntos. En diciembre del 2022 tenía 50% y en febrero del presente año ha pasado a tener 41% de aceptación.
La mayor desaprobación se da en el sur con 74%, seguido del centro (61%), el norte (54%) y el oriente (50%). Esto ocurre en zonas rurales. Pero Lima metropolitana lo aprueba con 52%.
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En cuanto a la aprobación de las Fuerzas Armadas, esta ha disminuido en 13 puntos respecto a diciembre 2022 en que obtuvo 61% y ahora, en febrero, ese apoyo descendió a 48%.
La mayor desaprobación también la obtiene en las regiones del sur con 69%, en el centro con 50%. Sin embargo, esta situación difiere en el oriente. En esta zona la aprobación es de 50% mientras que la desaprobación llega a 41%. En el norte, la aprobación (53%) también supera a la desaprobación (41%). En la misma línea está Lima Metropolitana, donde las Fuerzas Armadas tienen una aprobación de 59% mientras que la desaprobación es de 36%.
Los sectores socioeconómicos A/B (58%) y C (50%) son los que le dan su mayor apoyo. 44% de quienes piensan que las protestas aumentarán son del nivel socioeconómico D/E.
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Enfoque. Eduardo Ballón, analista
La percepción de la gente es real, quienes no están en la realidad son la señora Boluarte y los congresistas. Los 60 muertos no es tolerable para ninguna democracia, para ninguna forma de poder.
A la fuerza mantienen el estado de emergencia en parte importante del país, la fiscal de la Nación y la propia presidenta tratan de escamotear cualquier posibilidad de llegar a los responsables de las 60 muertes e insisten en una narrativa desubicada que sostiene que hay una conspiración internacional con azuzadores que son narcotraficantes, terroristas, mineros ilegales, etc.
La impresión que tengo es que vamos a seguir en estas ondulaciones de movilizaciones y protestas que crecen, que retroceden, que van por distintos territorios, pero tienen un foco en Puno por razones históricas que habría que ser muy necio para no entender.
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Enfoque. Rubén Vargas, exministro del Interior
El nivel de desaprobación a la PNP y las FF. AA. está en directa relación con la instrumentalización de la que han sido víctimas de parte del Gobierno de Dina Boluarte y del de Pedro Castillo, al haberlos convertido en la única respuesta frente a las protestas sociales y a la crisis política.
El Gobierno se olvidó de utilizar los mecanismos que da la democracia para buscar consensos y encontrar salidas a una crisis política. Es el responsable de estar generando esta brecha entre el ciudadano y las dos instituciones que son fundamentales para la democracia.
Y si a esta decisión de instrumentalizar a la Policía para enfrentar a la crisis le sumamos la grave situación de inseguridad, entonces el cuestionamiento ya no es solo a la PNP o a las FF. AA., sino al Estado y sus instituciones que son los indicados para brindar un servicio básico como es la seguridad ciudadana.
Infografía - La República
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