Parecer. Las reuniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Perú terminaron este 13 de enero. El grupo que investiga la situación de los 49 ciudadanos muertos en contexto de protesta social desde que la presidenta Dina Boluarte asumió el mando, visitó el Poder Judicial a fin de conocer la versión institucional dispuesta por su titular, Javier Arévalo.
Al lado suyo, el vicepresidente de la supranacional, Stuardo Ralón, escuchó la versión del presidente del PJ. Arévalo optó por mostrarle al grupo de la CIDH el estado deteriorado de las diferentes sedes institucionales del sur tras la ebullición de la violencia. Ordenó proyectar imágenes de las dependencias saqueadas por elementos delictivos.
Ralón respondió que lamentó “estos gravísimos hechos que sin duda alguna no son parte de una protesta pacífica. Mi solidaridad”.
A continuación, Arévalo pretendió separar dos tipos de reclamos: “Una justa protesta (...) y, por otro lado, una influencia negativa de elementos vinculados posiblemente a organizaciones criminales“. Señaló sin pruebas como posibles grupos con injerencia en la población al “narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal y terrorismo“.
Al terminar la reunión, el presidente del PJ le dijo a Ralón que “ya sabe cuál es la realidad“. Según su versión, “en el Perú no existe una política de violación de derechos humanos, sino más bien acá lo existe, en este momento, es una situación de violencia que tiene dos vertientes: los justos reclamos de la población y los actos vandálicos que usted ha visto“.
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Cerró con un refrán: “hay que separar la paja del trigo. Esta es la realidad del Poder Judicial”.