Castillo designó a exabogado de Alberto Fujimori para defenderlo, pero este renunció tras “ataques”

Defensa. Pedro Castillo designó a Miguel Rafael Pérez Arroyo como parte de su defensa legal ante los presuntos delitos de rebelión y, alternativamente, conspiración en su contra luego de intentar un fallido golpe de Estado en su mensaje a la nación del miércoles 7 de diciembre.

Miguel Pérez, quien, de acuerdo a un oficio enviado el último sábado al Ministerio Público defenderá —de manera individual y/o conjunta— al exmandatario junto con la abogada María Esther Adriano Guzmán, también representó la defensa del exdictador Alberto Fujimori ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con el fin de que se le otorgue un indulto humanitario dado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

En efecto, fue el mismo Alberto Fujimori quien anunció vía Twitter que Miguel Pérez Arroyo fue designado como su abogado para la audiencia convocada por la Corte IDH en febrero del 2018, en la que se evaluó el indulto cedido por Kuczynski el 24 de diciembre del 2017.

Miguel Pérez Arroyo asumió hace dos días la defensa legal de Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en una sede policial de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en Ate. No obstante, renunció al ser “víctima de ataques directos del círculo más cercano” del ex jefe de Estado.

Por medio de su cuenta de Twitter, el penalista contó que dejó de ser parte de la defensa de Castillo Terrones a quien representó “con buena voluntad”.

“El despacho de abogados que represento con buena voluntad aceptó la petición del señor Pedro Castillo para ejercer su defensa. Sin embargo, en las últimas horas hemos sido víctimas de ataques directos por parte de su círculo más cercano”, escribió Pérez.

Abogado fue detenido por la Interpol el 2019

En setiembre del 2019, Miguel Pérez Arroyo fue detenido por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en Surco. Esto, tras ser requerido por la justicia española por haber facilitado, supuestamente, la entrada de peruanos a dicho país fingiendo contratos de trabajo para solicitar permisos de residencia a cambio de recibir una gratificación de 3.000 euros por persona.

El ahora abogado de Castillo fue acusado por el Primer Juzgado Penal de Albacete de España por los presuntos delitos de falsedad de documento oficial y contra los derechos de ciudadanos extranjeros. Finalmente, fue liberado al no encontrarse “ninguna documentación oficial”. “Eran temas de naturaleza contractual que, en principio, el abogado no tiene por qué responder”, señaló a la prensa.