Omar Cairo: “Demanda competencial contra Castillo por cuestión de confianza será declarada improcedente”

El Congreso de la República aprobó la presentación de una demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional contra el presidente Pedro Castillo por la presunta denegatoria de confianza. La iniciativa fue aceptada con 98 votos a favor, 10 en contra y cuatro abstenciones.

“Este es un mensaje del Parlamento en su conjunto”, exclamó el presidente del Legislativo, José Williams Zapata.

Sin embargo, el constitucionalista Omar Cairo cuestionó la iniciativa del Parlamento en el marco del ejercicio de la cuestión de confianza y consideró que la consulta al máximo intérprete de la Constitución no especifica un acto en concreto.

“El Congreso, una vez más, ha aprobado formular una consulta al TC porque la demanda que va a plantear es contra el ejercicio de la cuestión de confianza realizado por el Gobierno en contravención con las normas. ¿A qué ‘acto’ se refiere? ¿A la presentación de la cuestión de confianza?”, adelantó Cairo.

En esa corriente, siguió cuestionando: “¿A la renuncia de Torres frente al rechazo de plano por la Mesa Directiva?, ¿al discurso del presidente?, ¿a la resolución suprema que acepta la renuncia de Torres sin mencionar ninguna desaprobación de cuestión de confianza?”.

Sobre la crítica, Omar Cairo expuso que la demanda del Legislativo será declarada improcedente por el Tribunal Constitucional.

“El ejercicio de la cuestión de confianza es una expresión genérica que no identifica ningún acto, y según los artículos 109 y 110 del Código Procesal Constitucional se interpone contra disposiciones, resoluciones o actos. Por lo tanto, la demanda competencial será en realidad una consulta improcedente”, sentenció.

Congreso aprueba demanda competencial y medida cautelar

El pleno del Congreso aprobó presentar una demanda competencial y medida cautelar contra el Poder Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional.

Esta demanda se da por el ejercicio de la cuestión de confianza, con la finalidad de que el TC precise si le corresponde al Gobierno interpretar la decisión del Parlamento, que fue considerada por el presidente Pedro Castillo como un “rehusamiento expreso de la confianza”.