La defensa del empresario debió de presentar nuevas evidencias de que su cliente era un perseguido político pero como no lo hicieron la Comisión Nacional del Refugiado de Bolivia no tendría otra opción más que rechazar su recurso de apelación.,El procurador anticorrupción, Joel Segura, dijo hoy confiar en que la Comisión Nacional del Refugiado de Bolivia (Conare) negará la apelación que presentó la defensa legal de Martín Belaunde Lossio para reconsiderar la negativa a su solicitud de refugio, tras lo cual sería expulsado. PUEDES VER: Joel Segura: Decisión de la Corte Suprema sobre extradición de Belaúnde Lossio no es definitiva En declaraciones a la Agencia Andina señaló que espera que la Conare defina este asunto a favor del Perú porque no hay elementos de persecución política, como argumenta la defensa de Belaunde. Según recordó, los abogados del empresario debieron presentar nuevos elementos sobre la supuesta persecución de la que hablan, y ya que no fue así la decisión de rechazo a la solicitud de refugio "queda firme". "La ley boliviana exige que en la apelación se presenten cosas nuevas porque sino la decisión de negarle el refugio se mantiene como en primera instancia", agregó. Segura estimó que luego del eventual rechazo a la apelación el paso siguiente sería que la justicia boliviana lo expulse hacia el Perú. "Si le niegan nuevamente el refugio tendrán que expulsarlo de Bolivia hacia el Perú porque ingresó ilegalmente", afirmó. Según dijo, una expulsión como desenlace es lo que espera la parte peruana desde el inicio de sus gestiones para repatriar al empresario, quien es requerido por la justicia peruana por su presunta vinculación en el caso “La Centralita”, que comprende presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional de Áncash. "Nuestras intervenciones en Bolivia fueron siempre orientadas a la expulsión", indicó. Ayer la defensa de Belaunde Lossio presentó oficialmente una apelación ante la Conare para que le rectifiquen el fallo de primera instancia que le negó refugio por no considerarlo un perseguido político. La respuesta de la justicia de Bolivia estaría lista en un plazo máximo de 15 días hábiles.
