Claves de la renuncia de Christian Salas. El ministro de Justicia y el fiscal de la Nación de la mano en el caso Belaunde Lossio. ¿Quién será el reemplazante? Dime a quién nombras y te diré quién eres.El informante,Ricardo Uceda. Con la renuncia del abogado Christian Salas al cargo de procurador anticorrupción, el gobierno consiguió desembarazarse de un funcionario incómodo, cuya última declaración fue para oponerse a que Martín Belaunde Lossio —hasta no hace mucho hombre de confianza de los Humala— obtuviera beneficios de colaborador eficaz. La renuncia se produjo hace un mes, a raíz de un desentendido menor con el ministro de Justicia, pero en el contexto de desentendidos mayores sobre la actuación y discurso de la Procuraduría Anticorrupción. ACTA DE AUSENCIA Salas estaba invitado al IV Simposio Internacional de Criminalística, del 23 al 26 de octubre, en Isla Margarita, Venezuela. Lo organizaba la Universidad de los Andes. Era ponente del tema “Técnicas para investigar un caso de corrupción de funcionarios”. Pidió una licencia sin goce de haber. En un funcionario de su rango, se tramita con una carta al ministro de Justicia, que usualmente no recibe respuesta. No necesita resolución ministerial, pues no es un viaje oficial. Antes de partir, lo llamaron del Consejo de Defensa Jurídica del Estado para decirle que no había cumplido con el trámite debido. Los procuradores dependen de este organismo presidido por el ministro de Justicia y completado con dos viceministros. Salas, quien no declaró a la prensa sobre su renuncia, ha dicho en privado que viajó en orden. El 22 de octubre salió a Caracas y de allí a Isla Margarita. El viernes 24, un funcionario del Ministerio de Justicia fue a la Procuraduría para levantar un acta dejando constancia de que Salas no estaba en su oficina. Los funcionarios anticorrupción allí presentes se quedaron estupefactos. Cuando el procurador regresó, se entrevistó con Daniel Figallo en términos que no se conocen. El mismo día, 27 de octubre, presentó su renuncia. Es la que ha sido aceptada el pasado fin de semana. DOS POSICIONES ¿Por qué la dimisión no se anunció de inmediato? Coincidió con la difusión del primer reportaje televisivo sobre las relaciones comerciales entre Martín Belaunde y presidentes regionales que apoyaron la candidatura de Ollanta Humala en 2011. Anunciar la renuncia, en esa coyuntura, podía sugerir que el gobierno no quería que la Procuraduría metiera las manos en el asunto. Pero las metió. A la postre este fue el motivo que precipitó la salida de Salas. A varias fuentes les consta que Palacio de Gobierno está interesado en ayudar indirecta, reservadamente a Belaunde Lossio. La figura de colaboración eficaz para el caso Áncash podría ser ventajosa para el empresario si logra una buena negociación con el Ministerio Público que luego fuera bendecida por un juez. Antes, por cierto, debería ser capturado o entregarse a la justicia. Contra esta posibilidad el procurador anticorrupción se pronunció abiertamente. Lo considera, junto con Álvarez, cabecilla de la corrupción en Áncash. El martes 25, Figallo expresó internamente su disgusto con las declaraciones de Salas. Luego, en público, manifestó una posición distinta a la del procurador: la colaboración eficaz la decidía un juez y el proceso debía estar rodeado de extrema reserva. En rigor no era un desmentido a Salas en la medida que este no dijo lo contrario. Era un enfoque distinto. El ministro desaprobaba que la Procuraduría Anticorrupción se opusiera a este beneficio para Belaunde Lossio. Siete días antes, el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, en declaraciones a la televisión, había admitido la posibilidad de que el empresario se convirtiera en su colaborador. Respecto del caso, el fiscal y ministro parecen andar de la mano. INTERÉS MINISTERIAL Cuando estalló el caso, Figallo preguntó y obtuvo informes sobre la situación de Belaunde Lossio ante la Procuraduría Anticorrupción y el Ministerio Público. Salas es testigo de lo primero y de lo segundo fue el propio fiscal del caso, Marco Huamán, quien lo contó a varios colegas y a una fuente que habló para esta nota. Huamán y dos fiscales (su jefe Gustavo Quiroz, y Rosario López) fueron al despacho del ministro en julio pasado, donde se trató el tema de las imputaciones existentes en el caso La Centralita. Huamán declaró a Ideele Radio que, además, fueron a quejarse del procurador, quien con sus declaraciones afectaba la imagen del Ministerio Público. Ante lo cual Salas solicitó la exclusión de Huamán del caso por haber faltado a su deber de preservar su independencia como fiscal. ¿Qué hacía informándole a un ministro de Estado? Y también por afectar la del procurador, al recurrir a Figallo para que este lo llamara al orden. La Procuraduría ha objetado formalmente la actuación del Ministerio Público en el caso La Centralita. En el pedido de exclusión a Huamán señaló reiteradas omisiones investigativas. El fiscal, por su parte, no ha atendido ninguna de las más de treinta peticiones de diligencias hechas por la Procuraduría, entre ellas la de levantar el secreto bancario de Martín Belaunde Lossio, formulada el 15 de agosto. Ramos Heredia, así como Belaunde Lossio y el propio Álvarez, querían a Salas fuera de la Procuraduría. El 14 de noviembre, el fiscal Huamán suscribió la Resolución 42, pidiendo al Ministerio Público investigarlo por corrupción. La resolución se basa en el testimonio del colaborador eficaz 11-2014, quien el pasado 7 de octubre dijo que Leonardo Rodríguez, un supuesto abogado de César Álvarez, le mostró sobres de dinero que eran para pagar “a las altas magistraturas del poder”. Según el testigo, todos ellos desean “volarle la cabeza al fiscal Marco Huamán”. Se entiende que la supuesta coima era para persistir en ese objetivo. Pero el declarante solo identificó al procurador Salas. Habló de “miembros de una comisión del Congreso”, y de un abogado Agoretti. (Pareciera una equivocación deliberada a fin de aludir a Mario Amoretti, decano del Colegio de Abogados de Lima, quien pidió suspender al fiscal de la Nación por estar investigado en relación a los hechos.) En resumen, ahora el Ministerio Público, tras negociaciones a puertas cerradas con colaboradores del caso Áncash, ya tiene munición para investigar penalmente a sus críticos. EL ÚLTIMO ENCUENTRO No es concebible que un procurador anticorrupción camine en contra de políticas delineadas por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, pero estas son, precisamente, líneas generales. Un ministro no le dice opongámonos a esta colaboración eficaz o apoyemos esta otra. El nombramiento del reemplazo de Salas dará la medida de lo que el gobierno desea en el expediente Belaunde Lossio. Aparte de lo de Áncash, al empresario le esperan cargos por corrupción en obras públicas en distintas regiones. La semana pasada César Álvarez insinuó que él también podría pedir colaboración eficaz. El supuesto es que sería culpable menor de una corrupción mayor, a escala supraprovincial, liderada por Belaunde Lossio. En todo caso, ahora que Salas ya no está en el juego, los acusados tienen el terreno más propicio para concertar. El jueves pasado el abogado del empresario, José Urquizo, fue a Piedras Gordas mientras César Álvarez rendía su manifestación. Deseaba decirle algo al defensor del ex presidente regional, Julio Carrión. Hablaron. Acto seguido Carrión pidió detener el interrogatorio a fin de hablar con Álvarez. Hecho lo cual, al volver ante el fiscal, se declaró indispuesto y el interrogatorio tuvo que suspenderse. Acaba de enterarse de que, por fin, el procurador anticorrupción dejaría el cargo.
