La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH reclama que se investigue en que circunstancias y quienes son los responsables de las cinco desapariciones, ocurridas en el marco de la lucha contra subversiva, y que los cuerpos sean entregados a sus familiares.,La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció al Perú ante la Corte IDH por la desaparición forzada de los ciudadanos peruanos Wilfredo Terrones Silva, Teresa Díaz Aparicio, Santiago Antezana Cueto, Néstor Rojas Medina y Cory Clodolia Tenicela Tello, detenidos y desaparecidos entre los años 1984 a 1992. PUEDES VER: Los niños desaparecidos que dejó la guerra interna A través de un comunicado, la CIDH indicó que “el Estado (peruano) no aportó información sobre hipótesis alternativas a la desaparición forzada de estas personas y la mayoría de los casos se encuentra en situación de impunidad total. A la fecha no se conoce el destino o paradero de ninguna de las víctimas, por lo que su desaparición forzada continúa cometiéndose”. Wilfredo Terrones era un abogado penalista que defendía a acusados de terrorismo, por lo que se le vinculó a la Asociación de Abogados Democráticos. El 26 de agosto de 1992 fue visto por última vez, luego de retirarse de su oficina. Teresa Díaz, era u catedrática de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos. Fue detenida el 28 de marzo de 1989 por presuntos vínculos con el terrorismo y liberada nueve días después, por la fiscalía. El 10 de agosto, un grupo de policías irrumpieron en la casa de su madre y le dicen que su hija debe presentarse a la Dircote, sin dejarle ninguna citación escrita. El 19 de agosto, Diaz salió de su casa y no se le volvió a ver. Santiago Antezana, fue detenido en el anexo de Manyacc, Huancavelica por las rondas campesinas y entregado a los militares de la base de Acobamba, el 7 de mayo de 1984, sin que se sepa de su paradero hasta hoy. En diciembre del 2013, el colegiado "B" de la Sala Penal Nacional condenó al coronel EP (r) José Antonio Esquivel Mora, a 15 años de prisión por la desaparición forzada de Antezana, pero el militar permanece prófugo. Cory Tenicela, comerciante y estudiante de la Universidad Nacional del Centro del Perú, fue detenida en la ciudad de Huancayo, departamento de Junín, por efectivos del Ejército, el 2 de octubre de 1992 sin que se conozca su paradero desde entonces. Néstor Rojas, estudiante, desaparecido desde el 26 de enero de 1991. La CIDH recomendó al Perú “investigar de manera completa, imparcial y efectiva el paradero de” dichas personas “y, de ser el caso, adoptar las medidas necesarias para identificar y entregar a sus familiares, según sus deseos, los restos mortales. Asimismo, indicó que Perú debe conducir los procesos correspondientes por el delito de desaparición forzada de las cuatro víctimas; y por los delitos de tortura y desaparición forzada de Santiago Antezana Cueto; de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a todos los responsables e imponer las sanciones que correspondan. “El Estado debe asimismo reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos, tanto en el aspecto material como moral, incluyendo una justa compensación, el establecimiento y difusión de la verdad histórica de los hechos y la implementación de un programa adecuado de atención a los familiares, en consulta con ellos y conforme a sus necesidades específicas”
