OCMA sancionó a 33 jueces por entregar beneficios penitenciarios irregularmente

Los beneficios penitenciario otorgados por los referidos magistrados se concedieron a sentenciados por los delitos de violación contra la libertad sexual de menores de edad y a favor de condenados por tráfico ilícito de drogas, “contraviniendo las norma que disponen que (…) no son aplicables por estos delitos”.Sanciones., La Oficina de Control de la Magistratura sancionó a 33 jueces de todo el país, entre las que se encuentran seis amonestaciones, nueve multas y ocho suspensiones en el cargo, todas ellas contra Jueces a nivel nacional. Esto, debido a que los mismos habrían otorgado beneficios penitenciarios sin emplear el debido rigor al evaluar las condiciones que deben exigirse para la concesión de beneficios penitenciarios. Asimismo, se resolvió proponer ante el Consejo Nacional de la Magistratura la destitución de diez Jueces, entre los que se encuentran: Juan Revilla Guardia, Juez del Juzgado Mixto de Cangallo, de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, por la concesión del beneficio penitenciario de semilibertad a un sentenciado por el delito de violación sexual contra menor de 14 años. Además se resolvió proponer esta máxima sanción contra Omar Alberto Sedano Mayor, Juez del Segundo Juzgado Penal de la Merced y Juzgado Mixto de Oxapampa del Distrito Judicial de Junín quien concedió indebidamente beneficios penitenciarios de semilibertad a dos sentenciados por el Delito de Tráfico Ilícito de Drogas También se propuso la destitución de Luis Solari Oliva, en su actuación como Juez del 2° Juzgado Penal de Chincha en Ica, quien también otorgó el beneficio penitenciario de semilibertad a un condenado por el delito de violación sexual de un menor de edad. MÁS PROPUESTAS DE DESTITUCIÓN A su vez se decidió proponer la destitución de los doctores César Longaray Bolaños y Hugo Palomino Enríquez, magistrados integrantes de la Sala Mixta Descentralizada de San Martin – Tarapoto, al declarar procedente la solicitud de beneficio penitenciario de liberación condicional a un sentenciado por el delito de tráfico de drogas. También se resolvió adoptar esta decisión contra el magistrado, Jovin Hipolito Valdez Peñaranda, en su actuación como Juez del Primer Juzgado Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Puno. La misma medida fue propuesta contra Romel Borda Perales, Rolando Gabino Pichen Ávila y César Longaray Bolaños en sus actuaciones como Jueces Superiores de la Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto – San Martin y a Renny Sandoval Sánchez, en su actuación como Juez Provisional del Juzgado Mixto de Tocache- San Martin, quienes habrían concedido sin motivación aparente el beneficio de semilibertad a un sentenciado por tráfico ilícito de drogas. En último lugar se propuso la destitución de Abdón Pablo Julián Velásquez en su actuación como Juez Supernumerario del Segundo Juzgado Penal Liquidador de Chincha de la Corte Superior de Justicia de Ica, al declarar procedente el beneficio penitenciario de semilibertad solicitada por un interno que fue condenado por la comisión del delito de violación sexual de menor de edad. Es preciso resaltar que los beneficios penitenciario otorgados por los referidos magistrados se han concedido a sentenciados por los delitos de violación contra la libertad sexual de menores de edad y a favor de condenados por tráfico ilícito de drogas, contraviniendo las norma que disponen que los beneficios penitenciarios no son aplicables por estos delitos.