Por Raúl Tola Hace años, cuando decidí estudiar derecho, no lo hice por una profunda convicción intelectual o por unas indomables ganas de hacer justicia en un mundo de desigualdades y abusos. Lo hice abrumado por las dudas vocacionales y por el temor a las privaciones, y porque no fui tan valiente como para imponer mis verdaderas aficiones, las artes plásticas y la literatura, en este orden. Como mis amigos de la facultad (en su mayoría historiadores, poetas, cineastas y filósofos frustrados), escogí la carrera menos incómoda, la que parecía más próxima a mis intereses, y la que, suponía, a la postre podría garantizarme unos ingresos decorosos. Pero desde un principio me sentí como un pez fuera del agua. Los cursos me resultaban enigmáticos, tediosos, infinitos y, a diferencia de otros compañeros, me descubrí incapaz de estudiar aquello que no me apasionaba. En suma, aunque terminé el bachillerato, fui un pésimo alumno. Mi desgano se agravaba por una condición cuyos alcances recién comprendí a cabalidad en las aulas: la mala reputación del ejercicio del derecho. Los abogados son vistos desde hace siglos como mercenarios, capaces de postergar sus escrúpulos en la defensa de un criminal confeso y de pavimentar con cualquier inmoralidad el camino de sus honorarios de éxito. Esta idea es parcial, como toda generalización, pero es cierto que el Perú es pródigo en ejemplos que la motivan y confirman, como Montesinos o Alberto Químper, estereotipos del leguleyo deshonesto. Yo mismo, en los años de facultad, asistí con pasmo a la transformación de varios compañeros, que con el paso de los años y los cursos, y el inicio de sus prácticas preprofesionales, dejaban de ser jóvenes idealistas y se transformaban en verdaderos tiburones. Felizmente hay iniciativas muy serias para revertir esta percepción y las conductas que la generan. Una de las más importantes debe ser la de Ciudadanos al Día, que bajo la dirección de Beatriz Boza y en coordinación con las principales facultades y revistas jurídicas, emprendió un proceso de diagnóstico del ejercicio del derecho y, como resultado de este, ha publicado una muy interesante «Propuesta de Normas de Conducta y Responsabilidad del Profesional en Derecho». Esta pasa por un cambio en el imperante modelo de abogado, mantenido desde los años 50, que, entre otros absurdos, aún hoy prohíbe la publicidad y los consultorios gratuitos –como los de la radio o la TV–, y penaliza el ejercicio pro-bono. Ciudadanos al Día y sus socios sostienen que los abogados están en la obligación de autorregularse y para ello plantean la creación de un Tribunal de Ética, que evalúe y sancione a los abogados tramposos, ideas que cobran especial actualidad hoy.
