Solo se pudo identificar por descarte científico a cinco víctimas de La Cantuta,Solo se pudo identificar por descarte científico a cinco víctimas de La Cantuta, Los recuerdos se mezclan confusos, la alegría de los juegos familiares dio paso a 16 años de penurias e incertidumbre para los hermanos, primos y padres de los 9 estudiantes de la universidad La Cantuta asesinados por el destacamento Colina un 18 de julio de 1992. Ceremonia busca dar tranquilidad y paz a los familiares y descanso a los restos de los 9 estudiantes y el profesor asesinado. César Romero. Los recuerdos se mezclan confusos, la alegría de los juegos familiares dio paso a 16 años de penurias e incertidumbre para los hermanos, primos y padres de los 9 estudiantes de la universidad La Cantuta asesinados por el destacamento Colina un 18 de julio de 1992. Este es el caso de Gisela Ortiz, Carmen Amaro y Carolina Huamán, hermanas y prima de tres de las víctimas: Luis Ortiz, Pablo Amaro y Dora Oyague. La República los reunió el viernes para conocer sus impresiones de estos 16 años y del nuevo entierro de sus familiares. "Ellos han sido enterrados y desenterrados tres veces por los asesinos y dos veces por nosotros. Espero que esta sea la última vez y que ahora sí puedan descansar porque, además, la justicia está avanzando", recordó Gisela Ortiz. En 1994 también los enterraron, pero en otras circunstancias y en un ambiente difícil, dicen. "Todo este tiempo ellos no tuvieron descanso, había impunidad, ahora la justicia está llegando y la mayoría de sus asesinos están en la cárcel". La policía les entregó los restos en cajas de cartón. Los huesos estaban mezclados con la basura que se encontró en las fosas clandestinas de Cieneguilla y en Huachipa. Los restos tuvieron que esperar casi dos meses en las catacumbas de la iglesia San Francisco. Una institución holandesa puso el dinero para el mausoleo y Finisterre los cuatro ataúdes en los que se enterró a las 10 víctimas. El 2002 se les volvió a desenterrar para los exámenes médicos forenses. Ahora, en el marco de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia debería asumir los gastos del sepelio. El Consejo de Derechos Humanos les ha ofrecido cumplir ese mandato de la Corte y este martes les dirán de qué manera. La más joven de las 10 víctimas de La Cantuta era Dora Oyague, de 20 años. Ella vivía con su padre en la casa de su tío, en la Villa Militar de Chorrillos. Aceptar que los militares se la habían llevado y no daban razón de su paradero fue lo más difícil, recuerda su prima Carolina. "Era dormir cada noche pensando en que el enemigo estaba al lado, que en cualquier momento podían ingresar y matarnos. A mi tío que tenía relación con el Comando Conjunto le restringieron la comunicación. Carmen Amaro refiere con mucho dolor que aún ahora hay incertidumbre por el paradero de su hermano Pablo. Los exámenes forenses concluyeron que solo hay certeza del hallazgo de los restos de cinco víctimas y que los demás o se perdieron en este tiempo o nunca fueron encontrados. "Por los relatos que hemos escuchado en el juicio de la Base Naval habría una tercera fosa que no se ha encontrado. También hay una versión que dice que a algunos cuerpos los arrojaron al mar, lo único concreto es que mi hermano parece que no está entre los restos encontrados", relata Carmen Amaro. "Durante mucho tiempo mantuvimos la esperanza que Dora no estuviera en el grupo. Recién el año pasado por los estudios forenses aceptamos que ella está allí, pero no hay certeza científica. Solo hay la deducción científica de que un trozo de occipital atravesado por una bala es de ella", interviene Carolina. Para Gisela Ortiz lo más difícil fue informarles a sus padres que vivían en Chachapoyas que su hermano Kike había sido detenido y no se sabía dónde estaba. "En esa época no había teléfono y no quise escribirles, recién les pude decir cuando viajé en agosto y no entendieron qué era estar desaparecido, recuerda Gisela. Anota que un tema permanente es cómo explicarles a los amigos y familiares qué fue de su hermano. Por eso, afirman, este entierro significa justicia y descanso para las víctimas y también para ellos que podrán poner pausa a su dolor, aunque la incertidumbre permanezca por siempre. EL DATO Ceremonia. El entierro de 1994 fue un hecho masivo, con la asistencia de delegaciones de estudiantes de La Cantuta. "No creo que eso se repita ahora, pero sí esperamos la solidaridad de la gente, no porque se trate de nuestros familiares sino por su significado en la lucha contra la impunidad, refiere Gisela Ortiz al anunciar las actividades de este 18 y 19 de julio, con una ceremonia en la universidad La Cantuta, misa en la Iglesia La Recolecta y entierro en El Ángel. "Siempre dijimos la verdad" "Vemos el juicio al ex presidente Alberto Fujimori con mucha tranquilidad y satisfacción. Aunque hayan tenido que pasar 16 años, la justicia se está abriendo paso. Creemos que la sentencia reconocerá la responsabilidad de Fujimori", afirmó Gisela Ortiz. Agregó que las sentencias a Julio Salazar Monroe, Alberto Pinto Cárdenas y Wilmer Yarlequé han resaltado como hecho probado lo que dijimos desde 1992: que fueron asesinados en un operativo militar. "También es importante resaltar que se desnuda la existencia de este organismo creado para violar derechos humanos. Allí tenemos a Nicolás Hermoza Ríos reconociendo que se enteró de los asesinatos 24 horas después, pero que calló para no afectar la política antisubversiva del gobierno fujimorista", enfatizó Ortiz.