Vocal supremo la declara rea contumaz por su rebeldía en juicio. Por no presentarse a la lectura de sentencia pese a haber sido notificada, suspendida legisladora será conducida ante el juez. Ana Véliz La suspendida legisladora Elsa Victoria Canchaya Sánchez fue declarada rea contumaz y se ordenó su captura, por no presentarse a la lectura de su sentencia por presuntamente haber contratado a su empleada doméstica como su asesora en el Congreso. El vocal instructor Pedro Urbina Ganvini espero durante 15 minutos, pero ni Canchaya ni su abogado se presentaron a la audiencia fijada para las 2 de la tarde, en la sede del Palacio de Justicia. Urbina tocó tres veces su campana de llamada a la diligencia, pero Canchaya no apareció. Entonces, muy ofuscado, el vocal celebró una pequeña audiencia donde calificó como un acto de “rebeldía” la inasistencia de la ex notaria, pese a que fue debidamente notificada, a su dirección legal y a su dirección real. A la fuerza Por su conducta, Urbina también ordenó que la Policía Nacional la ubique y conduzca de grado o fuerza a dicha judicatura, a fin de leer ante ella la sentencia. El vocal explicó que la procesada interpuso diversos recursos “dilatorios” para que esta última audiencia no se lleve a cabo, por lo que la declaro “rea contumaz”, esto es, que su caso no prescribe hasta que ella se ponga a derecho. En ese momento, el vocal supremo envió un comunicado a la Policía Nacional dando cuenta de la declaración de rea contumaz y ordenando que sea puesta a disposición del Poder Judicial. El fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza ha pedido que Canchaya sea condenada a tres años de inhabilitación para ocupar cargo público, así como a pagar 120 días multa-renta , por el delito de nombramiento ilegal. El proceso de Canchaya Elsa Canchaya es acusada de haber contratado como asesora a su empleada del hogar Jacqueline Simon, cobrando un sueldo cuando nunca realizó tareas en el Congreso ni reunía los requisitos para ese puesto. Inicialmente la legisladora fue denunciada por el Congreso por el delito de nombramiento ilegal para cargo público, estafa y falsificación genérica. Durante el proceso, la Fiscalía desestimo los delitos de estafa y falsificación, sancionados con seis años de prisión, y solo le quedo el caso de nombramiento ilegal, que apenas es sancionado con una multa e inhabilitación. En este punto, se presentó una discrepancia con la Fiscalía que también opinó que no había delito, pero eso no se aceptó.
