El caso del general Zanabria: Un disparo en la cara que cambió la vida de Renato Murillo

La noche del lunes 12 de diciembre de 2022 todavía reaparece, a veces con más detalles, en los sueños de Renato Murillo Reyes.

Tenía 22 años, estudiaba medicina, era bombero y decidió asistir a una marcha convocada para protestar por las muertes de David Atequipa y Beckham Quispe, en Apurímac, durante las primeras protestas contra la expresidenta Dina Boluarte.

Renato Murillo se sumó a sus compañeros para aportar sus conocimientos en primeros auxilios. "Siempre he tratado de brindar apoyo dentro de mis posibilidades", recuerda.

Alrededor de las 8.30 de la noche, en el Pasaje Belén, a unos metros de la Plaza San Martín, una bomba lacrimógena disparada a corta distancia le impactó entre los ojos. Perdió el conocimiento y fue trasladado al Hospital Loayza, en la avenida Alfonso Ugarte, donde permaneció 12 días en coma. Los manifestantes que lo auxiliaron lo "velaron" en el lugar donde cayó, convencidos de que había muerto por la cantidad de sangre que dejó en el lugar.

"Al despertar no sabía qué ocurría. Me enteré de que intentaron amedrentar a mi familia", relata.

Dina Boluarte llegó al hospital con la intención de tomarse una fotografía. Su madre se opuso. "La ministra de Salud (Rosa Gutiérrez Palomino) le dijo que le convenía, porque si no, no podrían ayudarme", afirma.

Ese 12 de diciembre, Renato Murillo no pudo auxiliar a nadie y, probablemente, nunca más lo haga. Sufrió traumatismos y fracturas en el cráneo, desprendimiento de retina y trastorno ansioso-depresivo.

"Tengo 80% de pérdida de visión en el ojo derecho, pérdida ósea en el rostro e hiposmia: perdí la capacidad de reconocer olores", detalla.

De la vida que tenía antes, no queda mucho.

"Practicaba atletismo, jugaba básquet y nadaba. Tenía una vida muy sana. Por eso ingresé a la Compañía de Bomberos", describe con nostalgia. Actualmente tiene 26 años, está a poco de graduarse como abogado y espera, desde hace varios años, ser repuesto como bombero.

Renato Murillo recuerda que los primeros meses fueron los más difíciles: "Estaba molesto con el mundo. Pensaba: ¿Qué pasa si me quedo ciego? ¿Y si nunca recupero el olfato?".

EL AUTOR DEL DISPARO

La Fiscalía atribuye al entonces teniente PNP Luis Bazán Campos, quien cumplía funciones de escopetero, o lanzador de proyectiles de bombas lacrimógenas, la autoría material de las lesiones graves sufridas por Renato Murillo Reyes.

Pese a las pruebas audiovisuales y periciales, Bazán negó su responsabilidad. Al ser confrontado por la Fiscalía con el video que registra el instante en que Renato Murillo cae herido, el oficial arguyó: "Lo que veo es agresión a los policías, no veo una bomba, puede ser cualquier objeto".

Durante el proceso, el suboficial también señaló no recordar los momentos en los que activó el lanzagranadas. Luego, en la reconstrucción de los hechos, optó por guardar silencio.

La abogada Mar Pérez Aguilera, defensora legal de Renato Murillo, señala que la acusación por lesiones graves resulta insuficiente. "Un policía que a una distancia menor de la reglamentaria te dispara una bomba lacrimógena en una zona vital como la cabeza, es perfectamente consciente de que te puede matar", explica, y sostiene que el delito debió ser tentativa de homicidio.

Renato Murillo afirma que durante meses su familia recibió llamadas y mensajes para "llegar a un acuerdo" y evitar que el caso continuara. Recuerda que, en una de esas ofertas, enterados de su anhelo por volver a su compañía, le plantearon "reincorporarse al Cuerpo de Bomberos si abandonaba la denuncia". También informó sobre el seguimiento de vehículos del Ministerio del Interior.

LA CADENA DE MANDO

La Fiscalía exige penas de entre 5 y 7 años de prisión para los mandos policiales. Entre ellos, el excomandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria Angulo, quien en diciembre de 2022 era jefe de la Región Policial Lima, y el general Frank Chang Campos, entonces jefe de la División de Servicios Especiales.

También fueron acusados los policías Jorge Celadita Fuentes y Luis Ávila Ortiz, integrantes de la cadena de mando, por omisión de funciones. Para el teniente Luis Bazán Campos, señalado como autor directo del disparo que impactó a Renato Murillo, la Fiscalía solicita la pena más alta del grupo: 7 años y 2 meses de prisión.

Según el requerimiento acusatorio, la falta de control, supervisión y adecuada comunicación de la cadena de mando permitió que el teniente Bazán actuara fuera de los parámetros legales.

Sin embargo, en lugar de ser apartado de sus funciones, Bazán fue ascendido al grado de capitán, en enero de 2023, un mes después de disparar en la cabeza a Renato Murillo. Además, fue felicitado por “servicio policial destacado”, primero en julio de 2023, durante la gestión del Comandante General PNP Jorge Angulo Tejada, y luego en diciembre de 2025, por el actual jefe policial, Óscar Arriola Delgado.

Hoy Bazán cumple funciones como comisario en Huancavelica.

"Esta es la manera en la que la Policía aborda los casos de quienes vulneran a la población", cuestiona la abogada Mar Pérez.

EL OTRO AGRAVIADO

La Fiscalía incluye un segundo hecho ocurrido el mismo día en que fue atacado Renato Murillo. Benedicto Huaccachi Cayampi, costurero de oficio, recibió el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en la zona pélvica, mientras transitaba por los jirones Lampa y Lino Cornejo, en el Centro de Lima. En este caso se señala la responsabilidad del suboficial Dino Tarrillo Ramos como autor directo. También fueron incluidos el mayor PNP José Solari Chilcce y el suboficial Elver Tasayco Lavalle.

"Sentí el impacto e inmediatamente caí. Sentí una quemazón intensa", declaró ante la Fiscalía. Tras el golpe, perdió el conocimiento por unos minutos y, al despertar, se retiró el cinturón ortopédico que usaba por lumbalgia. Las enfermeras del hospital le dijeron que eso le "había salvado la vida".

EL RIESGO DE IMPUNIDAD

El expediente se encuentra en etapa intermedia, en control de acusación, ante el juez Richard Concepción Carhuancho. Solo queda revisar los medios probatorios para pasar a juicio oral. Pero el magistrado fue suspendido por la Junta Nacional de Justicia el último 10 de junio.

"Una justicia que tarda no es justicia", dice Mar Pérez. Por eso, insiste en que el proceso avance no solo para Renato Murillo, sino también para las demás víctimas de las protestas.

Pérez también cuestiona la norma respaldada por el partido fujimorista Fuerza Popular aprobada en primera votación por el Congreso el 12 de junio. La iniciativa busca abrir paso a la justicia militar-policial en casos en los que los uniformados cometan delitos en el ejercicio de sus funciones.

El abogado Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal, advierte que las iniciativas para favorecer a las fuerzas del orden forman parte de "una estrategia clarísima de perturbar u obstruir la acción de la justicia para lograr impunidad".

El Congreso ya había tomado posición sobre las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas. El 18 de julio de 2024, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazó el informe que admitía a trámite la denuncia constitucional por homicidio calificado y lesiones graves contra la expresidenta Dina Boluarte y sus ministros, que incluía los casos de Renato Murillo y Benedicto Huaccachi.

ABOGADO DE VÍCTIMAS

Renato Murillo, mientras tanto, cambió su forma de entender su profesión. Luego de recuperarse del disparo, trabajó en casos de derechos humanos y empezó a mirar el sistema desde la perspectiva de las víctimas.

"El Estado no debería darte miedo. El Estado debería darte seguridad", afirma.

Ahora, como abogado, presta especial atención al caso de Víctor Santisteban Yasavilca. Poco más de un mes después de lo que le sucedió a Renato Murillo, en la noche del 28 de enero de 2023, también en Lima, Santisteban murió por un hecho similar: el impacto de una lacrimógena en la cabeza.