Necropsias evidencian brutalidad militar en matanza de Colcabamba

Los médicos legistas que cumplieron con el penoso encargo de practicar la necropsia de ley a los cinco cadáveres no dudaron en concluir que los autores del homicidio dispararon con el mismo objetivo: que nadie quedara con vida.

Todos recibieron los mortales disparos en la cabeza y el tórax, o en ambas zonas vitales, para que no tuvieran ninguna posibilidad de reaccionar. Como si se tratara de miembros de un grupo armado, solo que ninguno portaba arma de fuego alguna. En cambio, los ocho efectivos de la patrulla de la Compañía Especial de Comandos Pachacútec N.° 31 estaban provistos de los poderosos fusiles de asalto de fabricación belga Scar-L, de calibre 5.56x45 mm, que compró el Ejército en 2013 para reforzar a las tropas desplegadas en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

El arma tiene un alcance efectivo de 600 metros y dispara proyectiles a una velocidad de 875 metros por segundo. Entre los militares y la camioneta en la que viajaban las cinco víctimas había menos de 50 metros, por lo que el impacto de las balas resultó mucho más devastador en los cuerpos, como lo confirman los protocolos de necropsia.

Por esta razón, los médicos legistas, doctores Jesús Villarreal Parra, Lizet Arteaga Mascaró y Milton Hurtado Vila, no dudaron en dejar por escrito que los cinco jóvenes habían sido víctimas de un asesinato, aunque sin decirlo de esta forma tan cruda: fue brutal.

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El informe de los profesionales señala desde el primer párrafo: “El análisis médico-legal de las necropsias disponibles evidencia que la totalidad de las muertes examinadas tiene como causa directa lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, con compromiso de estructuras anatómicas vitales”.

Los militares no permitieron que nadie de la camioneta reaccionara. No dispararon a los neumáticos para detener al vehículo. Prácticamente vaciaron sus cargadores.

“En todos los casos, los hallazgos describen traumatismos se

veros localizados principalmente en la región craneoencefálica y en el tórax, incluyendo daño a órganos críticos, como encéfalo, corazón y pulmones, así como cuadros hipovolémicos (grave pérdida de sangre) derivados de dichas lesiones”, precisa el documento en el que los médicos legistas señalan sus conclusiones.

Los especialistas destacan que las heridas encontradas en los cuerpos de las víctimas son coincidentes, lo que demuestra que los perpetradores, es decir, los militares, respondían a una práctica común para neutralizar al enemigo.

“Desde el punto de vista de la distribución anatómica, se identifica un patrón consistente caracterizado por la concentración de impactos en zonas de alta relevancia funcional para la vida. La región craneoencefálica constituye el centro neurológico esencial, cuya afectación produce pérdida inmediata de funciones vitales, mientras que el tórax alberga órganos cuya lesión compromete de forma directa la circulación y la respiración. La observación de regiones focalizadas de manera anatómica específica es el predominio para estos cinco cuerpos”, describen los médicos legistas.

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Sobre la base de las necropsias, La República elaboró infografías con los resultados de la necropsia de cada cuerpo.

Estas conclusiones de los médicos legistas fueron citadas por el fiscal especializado en Derechos Humanos de Junín, Johel Chamorro Macukachi, en la disposición que emitió el primero de junio de este año, en la que imputa a los ocho militares implicados el delito de homicidio calificado. Y las ratificó durante la audiencia judicial en la que solicitó prisión preventiva para los imputados.

El fiscal Chamorro también dijo ante el juez José Matos Centeno que los efectivos del Ejército, en lugar de colaborar con las pesquisas, las entorpecieron.

Durante las diligencias, el jefe de la patrulla, capitán EP Luis Montenegro Pardo, guardó silencio ante las preguntas de la fiscalía. Los otros siete implicados bajo el mando de Montenegro repitieron el guion: se abstuvieron de responder a las preguntas de la autoridad. Por eso, el juez Matos ordenó prisión por 12 meses.

Desde el primer comunicado que difundieron sobre la matanza del sábado 25 de abril, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional evidenció el propósito de no decir la verdad, de esconderla, de enterrarla: atribuyeron acciones falsas a las víctimas para justificar el quíntuple homicidio.

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El comunicado dice que “una patrulla militar fue atacada con armas de fuego por presuntos integrantes de redes vinculadas al narcotráfico”, pero las pericias indican que los ocupantes de la camioneta no dispararon. “Ante el riesgo real e inminente, el personal (los integrantes de la patrulla) refiere su actuación en legítima defensa”. Las necropsias contradicen esta versión: los militares dispararon sin dejar la posibilidad de que los civiles reaccionaran, ni siquiera para que emitieran una palabra.

“Las trayectorias lesionales descritas en los protocolos de necropsia son compatibles con mecanismos de alta letalidad”, resaltan los médicos legistas: “Este tipo de lesiones reduce significativamente la posibilidad de supervivencia, incluso en escenarios donde pudiera existir atención médica inmediata, lo que indica una eficacia lesiva considerable”.

Es decir, los militares dirigieron sus fusiles de largo alcance Scar-L con la expresa intención de acabar con la vida de todos los ocupantes de la camioneta.

Los miembros de la patrulla, desde los oficiales hasta los subalternos, sabían el daño irreversible que iban a causar.

Los peritajes balísticos de los fusiles Scar-L que les fueron incautados a los ocho militares a pocas horas de la matanza indican que habían sido usados muy recientemente. Todos dispararon al vehículo para matar a sus ocupantes, bajo la creencia de que en el interior había un cargamento de droga. No había ni un gramo de cocaína.

Los testigos que han declarado a la fiscalía coinciden en que los efectivos entraron en pánico cuando se dieron cuenta de que no había ningún bulto de estupefacientes. Incluso volvieron a disparar a la camioneta, decepcionados por la ausencia de la droga. La policía les había dicho que los narcotraficantes transportarían por la zona 500 kilos.

El Ejército reportó al fiscal del caso que se les asignaron a los efectivos 3.320 proyectiles, pero cuando se les intervino, guardaban 1.569. Es decir, casi la mitad (47%) había sido usada.

La idea era que nadie quedara con vida. Pero no hay crimen perfecto.