
El sábado 13 de junio fue hallado muerto un adolescente en la comisaría de Manchay, en el distrito limeño de Pachacámac, tras permanecer detenido. Según el Instituto de Medicina Legal, la causa de la muerte fue asfixia mecánica por ahorcamiento.
Dos días después, Alfredo Rengifo Ramos fue asesinado a balazos durante un campeonato deportivo en la urbanización El Trapecio, en Chimbote, Áncash.
Hasta el 15 de junio de este año se habían registrado 959 homicidios a nivel nacional en el Perú, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).
Sin embargo, para el analista de datos Juan Carbajal, tal cantidad es aún mayor (por encima de mil), ya que hay alrededor de 130 registros de muertes violentas ocasionadas por proyectil de arma de fuego que han sido clasificadas como ‘ignoradas’, las cuales, de sincerarse o actualizarse, incrementarían la cifra de asesinatos.
El martes 9 de junio fue un día fatal. Se registraron 12 homicidios, la segunda cifra más alta del año 2026.
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Pese a que a diario se reportan crímenes en el país, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, aseguró hace unos días que los homicidios han disminuido a nivel nacional, con caídas que oscilan entre el 8% y el 21,77% en comparación con el año anterior.
Podría decirse que los números, aún preliminares, sobre la denominada violencia altamente lesiva en distintas ciudades del país, principalmente en Lima Metropolitana, ofrecen para 2026 una suerte de sube y baja.
No está de más recordar que estos datos conservan su carácter preliminar por varias razones, entre ellas que las investigaciones de muchos casos siguen abiertas, no solo en busca de los homicidas, sino también para determinar los móviles y otras circunstancias.
Los medios utilizados para matar también ofrecen datos sobre los tipos de violencia que se ejercen. Mientras no hubo cambios en la cantidad de hechos con armas blancas, se redujeron los casos de personas asesinadas con armas de fuego, por golpes o por asfixia.
Otro aspecto que puede dar cuenta de la violencia que se ejerce en las calles limeñas tiene que ver con la cantidad de hechos en los que matan a más de una persona. En líneas generales, en los últimos años solía tratarse de balaceras perpetradas como “mensajes” en el marco de conflictos territoriales entre grupos criminales antagónicos.
NO BAJAN LAS EXTORSIONES
Ese tipo de violencia, usualmente asociado a las economías delictivas, también tiene otros motivos, como la extorsión, “un delito que no está disminuyendo, tal como lo ha venido informando la PNP y el Ministerio del Interior”, advierte Juan Carbajal.
Asegura que persiste el desfase en los registros de denuncias por extorsión. Los registros oficiales del Ministerio Público han reportado más de 10.000 denuncias por extorsión en los cinco primeros meses del año 2026, con una tendencia creciente. Mayo fue el mes con mayor cantidad, afirma el especialista.
Sin embargo, añade, la PNP y el Mininter han reportado registros mucho menores mes a mes, con lo que se visibiliza una diferencia de más de 2.700 denuncias no registradas con respecto al Ministerio Público en lo que va del año.
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De acuerdo con la PNP, las denuncias por extorsión han registrado una reducción significativa durante el primer semestre de 2026. La Policía reporta disminuciones que varían entre el 28% y el 47% en comparación con el mismo periodo del año anterior, dependiendo de la región.
Estas diferencias son notables y saltan claramente a la vista. Además, conllevan una tendencia de disminución errónea por parte de la PNP y el Mininter, sostiene Carbajal.
Explica que este desfase de registros, sumado a la alta tasa de ‘cifra negra’ (delitos no denunciados), tiene implicancias muy críticas que van más allá de un simple error estadístico, afectando directamente la capacidad del Estado para frenar el avance de la extorsión.
CORRUPCIÓN POLICIAL
Otro hecho que menoscaba la confianza en la Policía es la corrupción por parte de algunos malos efectivos.
Hace una semana, el Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva contra nueve agentes de la comisaría PNP Vitarte, incluido el comisario de dicha dependencia, por los presuntos delitos de banda criminal y cohecho pasivo propio, debido a que habrían exigido pagos indebidos a conductores en la carretera Central para evitar imponerles papeletas de tránsito.
En ese sentido, el comando de la PNP se pronunció asegurando que “la confianza de la ciudadanía se construye con hechos, no con discursos”.
Indicaron que los malos policías han sido sometidos a una suspensión temporal del servicio, conforme a la normativa disciplinaria vigente.
“Ninguna conducta que vulnere los principios de integridad, honor y vocación de servicio será tolerada, venga de quien venga”, indicaron en un comunicado.
Aseguran que la Policía Nacional no protege intereses particulares ni ampara a quienes hayan cruzado la línea de la legalidad. Por el contrario, brinda todas las facilidades para el esclarecimiento de los hechos y mantiene una colaboración permanente con las autoridades competentes para que las investigaciones avancen con total transparencia.
Cada medida adoptada responde a una política institucional clara: tolerancia cero frente a la corrupción y actuación inmediata ante cualquier indicio de inconducta funcional.
Miles de hombres y mujeres policías sirven diariamente con honor y sacrificio al país. Precisamente para proteger ese esfuerzo legítimo y preservar la credibilidad de la institución, actuamos con determinación frente a quienes traicionan el uniforme, la confianza ciudadana y los valores que juraron defender, subrayaron finalmente.





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