Hay 60 solicitudes de concesión fuera del corredor minero en Madre de Dios

Las autoridades han identificado la reciente formulación de cerca de 60 petitorios mineros ubicados fuera del corredor minero de Madre de Dios. Estas solicitudes se concentran en zonas ecológicamente sensibles y cerca de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, lo que ha generado preocupación sobre el impacto en los ecosistemas estratégicos de la Amazonía.

El inusitado incremento de estas 60 solicitudes se da en un contexto de intenso debate legislativo, específicamente por el Proyecto de Ley 3377, que busca dar concesiones a mineros que han invadido zonas en Madre de Dios.

Para formalizar sus operaciones, solo requerirían la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y haber presentado un instrumento ambiental, sin necesidad de que este haya sido aprobado.

Esta medida pone en mayor riesgo a esta región, tan golpeada por la actividad ilícita. “Que no se pretenda formalizar invasiones de la minería ilegal”, es el clamor de los defensores ambientales de Tambopata, conocidos como ‘TamboPatas’, miembros del Comité de Gestión de la RNT. Este grupo vigila cerca de 230.000 hectáreas, arriesgando su vida para frenar la minería ilegal.

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Otros expertos y organizaciones socioambientales advierten que las actividades mineras en territorios de alta sensibilidad ecológica, como los que abarcan estas 60 peticiones, pueden derivar en graves riesgos de deforestación y contaminación de fuentes de agua.

Históricamente, áreas similares han presentado superposición con comunidades nativas y cuerpos de agua, lo que infringe la normativa de protección ambiental.

“Lo que muestran los análisis territoriales es que hay 60 petitorios mineros ubicados fuera del corredor minero de Madre de Dios, incluyendo áreas cercanas a la zona de amortiguamiento de la reserva Nacional Tambopata”, señala el Observatorio de Minería Ilegal (OMI).

La organización también advierte que la aprobación del PL 3377 reabriría la posibilidad de otorgar concesiones mineras en el corredor minero de Madre de Dios, una medida que se encuentra suspendida desde hace varios años.

Desde el OMI consideran que flexibilizar las restricciones vigentes contribuye a expandir la actividad minera en zonas de alta vulnerabilidad, con lo que se pone en riesgo la capital de la biodiversidad peruana.

IMPUNIDAD Y POSTERGACIÓN DEL REINFO

El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) advirtió, por otro lado, que ni Fuerza Popular ni Juntos por el Perú plantean eliminar el Reinfo en sus propuestas frente a la minería ilegal.

Según el análisis, ambos partidos mantienen enfoques distintos, pero insuficientes ante una problemática que continúa expandiéndose en varias regiones del país y que, además, está vinculada a delitos como trata de personas, lavado de dinero y contaminación ambiental.

El vocero legal del OMI, César Ipenza, señaló que prolongar mecanismos como el Reinfo solo facilita la impunidad y posterga una solución real.

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Ante ello, el observatorio presentó 10 propuestas prioritarias para los primeros 100 días del próximo gobierno, entre ellas el cierre definitivo del Reinfo, mayor control estatal sobre plantas de beneficio, más presupuesto para operativos contra la minería ilegal, la eliminación progresiva del mercurio y la prohibición de concesiones mineras en ríos amazónicos.

ELIMINAN HERRAMIENTAS LEGALES

Asimismo, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) expresó su preocupación ante propuestas que buscan derogar el Decreto Legislativo 1695, norma que fortalece las sanciones contra actividades vinculadas a la minería ilegal. Esta medida implicaría eliminar herramientas legales clave para perseguir a quienes financian, abastecen y comercializan minerales provenientes de actividades ilícitas.

La minería ilegal continúa siendo una de las principales amenazas para los bosques amazónicos, los ríos y los derechos de las comunidades indígenas y locales.

Además de sus impactos ambientales, esta actividad mantiene vínculos con redes de crimen organizado, explotación laboral y otras economías ilegales que afectan la seguridad y la gobernanza de diversos territorios del país.

Desde el OMI recuerdan que los desafíos de la pequeña minería y la minería artesanal requieren procesos de formalización efectivos, transparentes y con adecuados controles ambientales y sociales. Sin embargo, estos esfuerzos no deben traducirse en el debilitamiento de las capacidades del Estado para sancionar y combatir la minería ilegal.

En un contexto de creciente expansión de esta actividad ilícita, el país necesita fortalecer, y no reducir, los mecanismos de control, fiscalización y persecución de las redes criminales asociadas a la minería ilegal.