
Durante los gobiernos de los expresidentes Dina Boluarte y José Jerí, la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Ministerio del Interior ha protagonizado graves imputaciones por presuntas irregularidades en procesos de millonarias contrataciones. La gestión del mandatario José María Balcázar no es la excepción.
En una reciente licitación internacional convocada por la OGAF para la compra de 44 vehículos motobombas antidisturbios (4x4 y 4x6) para la Policía Nacional, una compañía turca emitió una carta de protesta en la que alegó favoritismo.
La empresa turca Katmerciler acusó ante la Oficina de Control Institucional (OCI) del Ministerio del Interior que funcionarios de la OGAF orientaron el proceso de adjudicación en beneficio de la firma International Armored Group (IAG), de Emiratos Árabes Unidos.
El presidente ejecutivo y gerente general de Katmerciler, Mehmet Katmerci, advirtió que durante el proceso de evaluación de los llamados “rochabuses”, los funcionarios de la OGAF omitieron otorgarle 40 puntos de calificación que le correspondían, lo que lo dejó en desventaja frente a IAG, que al final ganó el contrato.
Ganador. El modelo de la empresa árabe International Armored Group que obtuvo la buena pro. Foto: difusión
“Los funcionarios (…) actuaron de manera arbitraria y parcializada, omitieron valorar al parecer de manera deliberada los documentos que sustentan la experiencia de nuestra representada. Esta omisión ilegal no nos otorgó el puntaje de 40 puntos legítimo que nos correspondía con el único propósito de favorecer a International Armored Group (AIG)”, escribió Mehmet Katmerci a la OCI, un organismo dependiente de la Contraloría General de la República que fiscaliza las contrataciones estatales.
Como se ha indicado, no es la primera vez que funcionarios de la OGAF son señalados por inclinarse a favor de algunos de los postores, al modificar las bases de la licitación, como ocurrió con la compra de chalecos antibalas, un avión de transporte y pistolas de puño, por lo que tuvieron que anularse.
La empresa turca pidió US$24.499.000 por los “rochabuses” y, en el caso de la compañía árabe, solicitó US$25.247.575. Una diferencia de US$748.575 (S/2,7 millones).
La OGAF convocó a licitación para la compra de los 44 vehículos el 6 de mayo del 2026, como parte del programa de “Mejoramiento del Servicio de Control de Multitudes y Disturbios Civiles”, por un monto aproximado de US$30 millones.
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Presentaron sus propuestas el Consorcio Daeji-Hyundai (Corea del Sur), Katmerciler (Turquía), Mingguang Haomiao Security Protection Technology Corporation (China), Miaga SAS (Colombia) e International Armored Group (Emiratos Árabes Unidos).
El representante de la compañía turca, en la carta que remitió a la OCI, expresó su extrañeza por la conducta de los funcionarios de la OGAF, ya que le quitaron puntaje sin fundamento para favorecer a la firma IAG, que hizo una propuesta mucho más cara y logró ganar el contrato.
“Se adjudicó la oferta más cara, sin habernos otorgado puntaje alguno en nuestra experiencia como postor a fin de no otorgarnos los 100 puntos que nos correspondía, con lo cual se genera un presunto perjuicio económico latente al Estado por la suma de US$ 748.757 vulnerando flagrantemente la debida cautela de los recursos públicos”, escribió Mehmet Katmerci.
La República solicitó al Mininter su versión sobre los hechos imputados por la firma turca, pero al cierre de edición no contestaba.
Durante la gestión del jefe de la OGAF, Gustavo Chamorro Meza, quien ejerció entre el 27 de febrero y el 6 de mayo del 2026, se debió adjudicar el contrato para la compra de los rochabuses. Pero Chamorro se negó, de acuerdo con las fuentes consultadas.
Chamorro fue destituido y su reemplazo, Ítalo Gerardini Panez, fue designado el 11 de mayo del 2026.
Otro proyecto millonario de adquisición es el de las pistolas de puño. Chamorro no estuvo de acuerdo con contratar directamente el modelo Jericho, de la empresa Industrias de Armas de Israel (IWI). Es probable que sí lo haga Gerardini.





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