
Las Naciones Unidas presentaron el miércoles su Informe Anual de Resultados 2025, un documento de 86 páginas que constituye la radiografía más completa y reciente sobre el Perú real. No el del crecimiento del PBI ni el del boom exportador: el del niño con anemia, el del trabajador informal, el del agricultor que no llega al mercado. Y llega en el momento más oportuno: a días de que los peruanos definan quién gobernará el país los próximos cinco años.
El diagnóstico es contundente. El Perú creció 3,3% en 2025, batió su récord histórico de exportaciones con US$90.082 millones y atrajo inversión privada a un ritmo del 10%. Sin embargo, esa prosperidad macroeconómica convive con una pobreza que no cede, una violencia que se dispara y una malnutrición infantil que avergüenza. Son datos que cualquier candidato a la presidencia tendrá que asumir como punto de partida.
La pobreza monetaria afecta el miércoles a 9,4 millones de peruanos —cerca de 3 de cada 10 ciudadanos— frente a los 6,6 millones registrados antes de la pandemia. En zonas rurales, el golpe es aún más brutal: 2 de cada 5 personas son pobres y casi 1 de cada 3 vive en situación de vulnerabilidad económica, al borde de caer en la pobreza ante cualquier crisis.
En materia de seguridad, el informe revela que las denuncias por extorsión pasaron de 3.865 en 2019 a 26.585 en 2025 —multiplicadas por siete en seis años—, mientras la tasa de homicidios creció de 7,4 a 10,7 por cada 100.000 habitantes, con picos en Madre de Dios (24,6), Callao (23,6) y la región Lima (23,1). El costo económico de esa violencia es demoledor: "El costo de la inseguridad en 2025 ha sido calculado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como equivalente a 1,7 % del PBI —19 800 millones de soles anuales—, cifra similar al presupuesto de educación."
En nutrición infantil, el 43,7% de los niños de 6 a 35 meses tiene anemia —la mitad de ellos en zonas rurales— y más del 41% de la población enfrenta inseguridad alimentaria, uno de los índices más altos de América Latina. Al mismo tiempo, el 37,8% de los escolares de 5 a 9 años sufre sobrepeso u obesidad: el Perú padece simultáneamente hambre y malnutrición por exceso, la llamada triple carga.
En violencia de género, el informe registra 133 feminicidios en 2025. Pero la cifra más perturbadora la aporta la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES 2025): “75,7 % de las personas adultas toleran la violencia contra las mujeres y 69,7 % de los hombres adultos justifican la violencia sexual contra ellas."
Y en empleo, 7 de cada 10 peruanos trabaja en la informalidad. La informalidad empresarial llega al 84,8%. Mientras tanto, 2 de cada 10 jóvenes no estudia, no trabaja ni recibe ningún tipo de capacitación.
El Perú es el miércoles el tercer exportador de América del Sur con US$90.082 millones en 2025, un 21% más que el año anterior. La inflación es baja (1,5%), el tipo de cambio estable y la inversión privada crece al 10%. Los indicadores macroeconómicos son, en términos agregados, los mejores de la región.
Pero el propio informe de la ONU advierte con precisión quirúrgica que ese crecimiento "no necesariamente refleja mejoras homogéneas en productividad ni en valor agregado en los eslabones primarios, sobre todo en los pequeños productores, sector en el que persisten limitaciones tecnológicas, logísticas y de acceso a mercados."
Es la paradoja que el próximo gobierno tendrá que resolver: cómo hacer que el Perú que exporta minerales, pesqueros y cerámicos le llegue al agricultor de Cusco, al comerciante informal de Lima o al joven de Loreto que no tiene ni empleo ni formación.
El informe confirma que en 2025 los desastres naturales —agravados por el cambio climático— dejaron 496.679 personas afectadas, 124.753 damnificadas y 273.565 desplazadas, además de daños en 106.271 hectáreas de cultivos. El Perú sigue siendo uno de los países más vulnerables del mundo ante fenómenos climáticos extremos, y esa vulnerabilidad golpea siempre más fuerte a quienes ya son más pobres.
Al mismo tiempo, en la COP30 el Perú presentó —junto con organizaciones indígenas amazónicas— el primer modelo de REDD+ Indígena Jurisdiccional del mundo, una iniciativa pionera para proteger bosques mediante cogobernanza comunitaria y acceso a financiamiento climático. Es la otra cara: un país que produce soluciones para el mundo, mientras sus propios ciudadanos pagan la factura del caos climático.
Frente a ese diagnóstico, el Sistema de las Naciones Unidas ejecutó en 2025 un presupuesto de US$126,6 millones a través de 294 iniciativas desplegadas en todos los departamentos del país, con 20 agencias coordinadas. Los resultados más relevantes:
El mayor bloque de inversión —US$55,4 millones— fue a derechos, gobernanza y acceso a la justicia. Le siguieron respuesta humanitaria (US$21,6 millones), salud y protección social (US$19,5 millones), medio ambiente (US$14,8 millones), medios de vida (US$9,3 millones) y educación (US$6 millones).





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